El reciente apagón que afectó a toda España el pasado 28 de abril ha puesto en el centro del debate político la situación del sistema eléctrico del país. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha sido clara al señalar que este incidente ha revelado «carencias graves» en la infraestructura eléctrica, y ha exigido explicaciones a la Red Eléctrica, así como una intervención estatal en su gestión. Durante su intervención en el Congreso, Martínez Barbero no solo abordó el apagón, sino que también criticó la dependencia del sistema energético de decisiones empresariales orientadas al beneficio privado.
La portavoz de Sumar argumentó que la privatización de la Red Eléctrica ha llevado a una situación en la que el suministro eléctrico de un país entero depende de intereses económicos, lo que resulta inaceptable. En su opinión, es fundamental que España recupere la gestión pública de esta empresa, que actualmente está participada en un 20% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Martínez Barbero subrayó que la Red Eléctrica es una empresa muy rentable que nunca debió ser privatizada, y que los dividendos que se reparten entre los accionistas deberían reinvertirse en mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
La diputada de Sumar también planteó una serie de demandas concretas para abordar las deficiencias del sistema. En primer lugar, exigió una red eléctrica 100% pública, eficiente y resiliente, que no esté sujeta a los intereses de un oligopolio. Además, abogó por la defensa de las energías renovables y el autoconsumo eléctrico, así como por avanzar en la soberanía energética para asegurar el suministro sin depender del exterior. Martínez Barbero criticó el actual modelo que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios, y propuso un impuesto a las grandes empresas energéticas para que contribuyan de manera justa al desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras.
Por otro lado, la portavoz de Sumar también se mostró contraria al incremento del gasto en defensa que el Gobierno ha propuesto, argumentando que la seguridad no puede construirse a través de criterios contables ni mediante la compra compulsiva de armamento. En su lugar, defendió un modelo de seguridad europeo que priorice la inversión en capacidades compartidas en áreas como la inteligencia, la ciberseguridad y la respuesta al cambio climático.
La intervención de Martínez Barbero se produce en un contexto donde el Gobierno español ha anunciado un plan de defensa que incluye una inversión de más de 10.000 millones de euros, lo que representa un aumento significativo en el gasto militar. Sumar ha expresado su desacuerdo con esta política, argumentando que el enfoque debe estar en la protección civil y en la respuesta a crisis humanitarias, en lugar de en la acumulación de armamento.
El apagón del 28 de abril ha sido descrito por Sumar como una «llamada de atención» sobre la necesidad de revisar y reformar el sistema eléctrico español. La portavoz parlamentaria ha planteado preguntas cruciales sobre el fallo del sistema de protección y la falta de activación de los mecanismos previstos para evitar el efecto en cascada que llevó al apagón. Estas interrogantes son fundamentales para entender cómo se puede evitar que un incidente de esta magnitud vuelva a ocurrir en el futuro.
La crítica de Sumar al sistema energético y a la política de defensa del Gobierno refleja un creciente descontento con la forma en que se gestionan los recursos públicos y la infraestructura esencial del país. La propuesta de recuperar la Red Eléctrica para lo público y garantizar que la energía sea considerada un derecho y no solo un bien de mercado es un punto central en el discurso de la formación política.
En este sentido, la intervención de Martínez Barbero no solo busca respuestas sobre el apagón, sino que también plantea un debate más amplio sobre la necesidad de un cambio en la forma en que se gestionan los servicios públicos en España. La defensa de un sistema energético público y la crítica a la privatización son temas que están ganando relevancia en el panorama político actual, y que podrían influir en las decisiones futuras del Gobierno en estos ámbitos. La presión de Sumar y otras fuerzas políticas podría llevar a una reevaluación de las políticas energéticas y de defensa, en un momento en que la seguridad y la sostenibilidad son más importantes que nunca.
