La jubilación anticipada de los transportistas enfrenta una fase crítica en 2026. Tras un año de vigencia del Real Decreto 402/2025, los expedientes presentados por sindicatos y patronales aún no tienen resolución. La incertidumbre afecta a miles de conductores de autobuses y camiones mayores de 60 años que acreditaron penosidad y peligrosidad en su trabajo.
¿Qué dice el Real Decreto 402/2025 sobre la jubilación anticipada?
El Real Decreto 402/2025 establece un procedimiento reglado para evaluar la anticipación de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores. No es una concesión automática. Requiere acreditación técnica de condiciones laborales extremas.
El decreto aplica exclusivamente a trabajadores del transporte por carretera: tanto de mercancías como de viajeros. Su objetivo es reconocer el desgaste físico acumulado y los riesgos reales del oficio.
¿Quiénes pueden solicitarla?
- Conductores de autobús y camión con más de 60 años.
- Profesionales con al menos 35 años cotizados en el sistema de la Seguridad Social.
- Trabajadores que acrediten exposición continuada a factores de riesgo laboral reconocidos por el Ministerio de Trabajo.
¿Por qué hay retraso en los expedientes reguladores?
El 9 de febrero de 2026 se admitieron a trámite dos solicitudes. El plazo legal para resolver es de seis meses, lo que venció el 9 de agosto de 2026. Sin embargo, la ministra Elma Saiz ha confirmado que no habrá desestimación por silencio administrativo.
Esto significa que los expedientes siguen activos. No caducan por falta de resolución. Pero sí generan inseguridad jurídica y parálisis operativa para los afectados.
¿Qué implica el silencio administrativo en este caso?
El silencio administrativo positivo no aplica aquí. El régimen es de silencio negativo, pero el Gobierno ha decidido mantener los expedientes abiertos. Esto evita la caducidad, pero no acelera la evaluación técnica ni la toma de decisión.
¿Qué exige el sector del transporte?
La diputada de ERC Inés Granollers denuncia un bloqueo intencionado. Su crítica no es solo burocrática: apunta a la falta de recursos técnicos, personal especializado y criterios unificados para evaluar la penosidad real en rutas nacionales e internacionales.
Los sindicatos exigen:
- Publicación de los informes periciales que sustentan las evaluaciones.
- Criterios objetivos para medir el desgaste físico y psicológico.
- Plazos vinculantes para resoluciones futuras.
¿Cuál es el impacto económico y legal real?
El sector del transporte por carretera representa el 75 % del transporte de mercancías en España. Su envejecimiento acelerado —con un 42 % de conductores mayores de 55 años— pone en riesgo la cadena logística nacional.
Desde el punto de vista económico, retrasar la jubilación anticipada implica:
- Mayor rotación no planificada por jubilación forzosa por salud.
- Incremento de bajas por incapacidad temporal y permanente.
- Pérdida de experiencia técnica acumulada en rutas complejas.
Legalmente, el Real Decreto 402/2025 está alineado con la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato. Pero su aplicación requiere coherencia con el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social.
Datos Clave
- El Real Decreto 402/2025 entró en vigor el 27 de mayo de 2025.
- Se presentaron 4 solicitudes iniciales: 2 admitidas a trámite el 9 de febrero de 2026.
- El plazo legal de resolución venció el 9 de agosto de 2026.
- La ministra Elma Saiz confirmó que no habrá desestimación por silencio administrativo.
- Los coeficientes reductores pueden reducir la edad de jubilación hasta 3 años, con penalización en la pensión.
¿Qué sigue para los transportistas en 2026?
El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que los primeros informes técnicos estarán listos antes de septiembre de 2026. Pero no hay fecha fija para la resolución final.
Mientras tanto, los afectados siguen en una situación de limbo. No pueden jubilarse anticipadamente, pero tampoco reciben garantías de que su solicitud será aprobada. La falta de transparencia en los criterios de evaluación alimenta la desconfianza.
La tridimensionalidad del caso es clara: es un problema normativo (aplicación del Real Decreto), económico (sostenibilidad del sector logístico) y social (reconocimiento del trabajo penoso). Sin una solución ágil y técnica, el riesgo no es solo individual: es sistémico.
