La contratación de David Sánchez como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz sigue bajo escrutinio judicial y mediático. Testigos clave, como Nerses Avakimyam Gasparov y Yolanda Sánchez, han declarado que no observaron irregularidades, aunque reconocen lagunas en el diseño del puesto y en la documentación. El caso impacta la confianza en los procesos de selección pública y activa alertas sobre la transparencia administrativa y el cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
¿Qué dijo Gasparov sobre la contratación de David Sánchez?
Nerses Avakimyam Gasparov, violinista y aspirante a la plaza en 2017, declaró ante el juzgado que no detectó irregularidades procesales.
Gasparov no recordó preguntas clave de la entrevista
Afirma que la entrevista duró unos 20 minutos y contó con tres entrevistadores, entre ellos Elisa Moriano. No recuerda las preguntas formuladas. Tampoco confirmó haber asumido que el puesto estaba destinado a David Sánchez, pese a que un compañero mencionó su parentesco con el presidente del Gobierno.
Gasparov no participó en la creación del puesto
Aclaró que no tuvo injerencia en el diseño de la plaza de coordinador de conservatorios, ni en la figura de director de la Oficina de Artes Escénicas, que Sánchez ocupó desde 2022. Su rol fue estrictamente el de aspirante.
¿Qué funciones tenía realmente el puesto de coordinador?
Yolanda Sánchez, testigo y directora de un conservatorio, señaló que el puesto no respondía a una necesidad operativa clara.
El puesto no era de alta dirección ni de coordinación institucional
Según su testimonio, la figura no tenía competencias reales de coordinación entre conservatorios, sino que se centraba en gestionar actividades ya existentes —como el proyecto de Ópera Joven— y otras nuevas.
No se elaboró un perfil funcional riguroso
Reconoció haber colaborado con Evaristo Valentí en un catálogo de funciones, pero subrayó que nunca antes habían tenido que definir un puesto así. “Normalmente contratamos profesores”, dijo. Eso evidencia una falta de análisis previo de necesidades exigido por la normativa de contratación pública.
¿Hubo manipulación documental o falta de transparencia?
La desaparición de correos electrónicos ha generado dudas sobre la integridad del expediente.
Correos eliminados sin explicación clara
Yolanda Sánchez aseguró no haber borrado sus correos y desconocer quién lo hizo. Esa omisión afecta la trazabilidad del proceso, un requisito esencial bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 39/2015.
El proyecto de Ópera Joven fue un eje central
El abogado de Manos Limpias destacó que a David Sánchez “le hacía mucha ilusión” ese proyecto. Eso sugiere una alineación personal con la función, pero no sustituye la exigencia de mérito objetivo, publicidad del procedimiento y igualdad de oportunidades, principios constitucionales en la función pública.
¿Cuál es el marco legal y económico del caso?
Este proceso no es solo un asunto local. Tiene implicaciones sistémicas.
Datos Clave
- El puesto de coordinador no estaba previsto en la estructura orgánica de la Diputación antes de 2017.
- La contratación se realizó sin concurso público abierto, sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, según consta en el sumario.
- El cargo no requirió acreditación de méritos específicos ni evaluación comparativa entre aspirantes.
- El salario y las funciones no fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ni en el Perfil del Contratante, como exige la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- El impacto económico directo supera los 120.000 euros anuales, incluyendo retribuciones y dotación para actividades culturales.
La contratación se inscribe en un contexto de creciente exigencia ciudadana sobre el uso de fondos públicos en cultura. En 2025, el Ministerio de Cultura intensificó controles sobre convenios con entidades locales, especialmente en programas con alta visibilidad mediática. Además, el Tribunal de Cuentas ha abierto expedientes similares en otras diputaciones por falta de justificación funcional en puestos de nueva creación.
Desde el punto de vista práctico, el caso pone en evidencia una brecha entre la flexibilidad operativa que necesitan las instituciones culturales y el rigor normativo exigido por la ley. No basta con que no haya “irregularidades vistas”: la transparencia exige que todo esté documentado, publicado y justificado. La ausencia de correos, la imprecisión funcional y la falta de publicidad no son detalles menores. Son fallos estructurales que erosionan la confianza institucional y abren la puerta a impugnaciones legales y sanciones administrativas.
