Jordi Pujol i Soley, de 95 años, no será juzgado por los hechos de corrupción que le imputan. La Audiencia Nacional ha declarado su inimputabilidad procesal tras constatar un grave deterioro cognitivo. Este fallo no absuelve ni condena, sino que interrumpe el proceso por incapacidad para ejercer la defensa. El caso sigue abierto para sus hijos, cuyo juicio avanza con horario fijo y declaraciones clave sobre gestión patrimonial y separación económica.
¿Por qué Jordi Pujol no puede ser juzgado?
La ley exige que el acusado tenga capacidad procesal plena: entender las acusaciones, colaborar con su defensa y seguir el desarrollo del juicio. Un informe pericial confirmó que Pujol sufre un deterioro cognitivo irreversible, incompatible con esa exigencia.
El tribunal aplicó el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto permite la suspensión definitiva del procedimiento cuando el acusado no puede ejercer su derecho de defensa.
No se trata de una medida discrecional. Es un requisito constitucional: el derecho a un juicio justo no admite excepciones por edad o notoriedad.
¿Qué pasa con el juicio a la familia Pujol?
El proceso continúa contra sus hijos: Jordi Pujol Ferrusola, Oriol Pujol, y otros acusados. Sus declaraciones revelan mecanismos de gestión patrimonial opacos.
La separación económica como estrategia
Pujol Ferrusola afirmó que mantuvo con su esposa un pacto de separación de bienes desde el matrimonio. Todo lo adquirido se repartía al 50 %. Ella gestionaba las cuentas, los bancos y las empresas.
La dependencia en la firma
Reconoció firmar documentos sin revisarlos: “Yo firmaba lo que me daba Mercé porque sé que ella nunca me iba a engañar”. Esta frase evidencia una delegación total de control financiero, sin mecanismos de verificación interna.
El cálculo de “tener suficiente”
Al separarse, enumeró sus activos: medio piso en Montaner, una casa rural, seis millones de dólares de Vicentín, oficinas, naves industriales y vehículos. Luego concluyó: “tengo suficiente para afrontar lo que se me pueda venir encima”. Esto sugiere una previsión de riesgo legal, no una mera gestión patrimonial.
¿Cuál es el impacto económico del caso Pujol?
El caso trasciende lo judicial. Ha afectado la confianza inversora en Cataluña, especialmente en sectores vinculados a contratos públicos y gestión de fondos europeos.
- Las empresas del grupo familiar operaron en sectores estratégicos: construcción, energía y servicios públicos.
- Se detectaron operaciones vinculadas sin transparencia contable ni fiscal.
- El uso de sociedades offshore y estructuras de propiedad opaca generó pérdidas fiscales estimadas en decenas de millones de euros.
Este entorno ha impulsado reformas en la Ley de Transparencia y en los controles de conflicto de intereses para cargos públicos.
¿Qué marco legal regula la inimputabilidad procesal?
La inimputabilidad procesal no es lo mismo que la exención de responsabilidad penal. Es un obstáculo procesal, no sustancial.
Diferencia clave: inimputabilidad vs. inculpabilidad
La inimputabilidad impide el juicio, pero no elimina la prescripción. Si mejora su estado, el proceso podría reactivarse —aunque es improbable a su edad.
El rol del informe pericial
El dictamen médico es vinculante para el juez. Debe acreditar, con criterios objetivos, la incapacidad para comprender, decidir y comunicar. No basta con diagnóstico clínico: se exige evaluación forense específica.
La doctrina del Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal ha reiterado que la suspensión no es una “sentencia de fondo”. Es una garantía procesal, no un beneficio. El acusado sigue siendo investigado, y sus bienes pueden seguir embargados.
Datos Clave
- La Audiencia Nacional declaró la inimputabilidad procesal de Jordi Pujol el 27/04/2026.
- El fundamento legal es el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- El juicio continúa contra sus hijos, con sesiones de 9:00 a 15:00 horas.
- Pujol Ferrusola admitió delegar totalmente la gestión financiera en su esposa.
- Se identificaron operaciones vinculadas, activos en paraísos fiscales y falta de control contable.
- El caso ha impulsado reformas en la Ley de Transparencia y en la regulación de conflictos de interés.
