El Institut Català de Finances (ICF) abrirá 5 oficinas físicas en 2026, su primera red presencial en sus 41 años de historia, para acercar servicios de financiación a empresas y ciudadanos. Esta iniciativa representa un cambio estratégico tras décadas de operación exclusivamente descentralizada y sin presencia comercial a pie de calle.
5 oficinas en 2026 frente a 0 oficinas físicas hasta 2025
El ICF, banco público de la Generalitat con 140 empleados, ha operado históricamente desde sedes administrativas y sin sucursales propias. En 2026, romperá ese modelo con una red física que comenzará en Lleida, donde ya atiende a más de 300 clientes del sector primario. La provincia concentra el 22 % de los préstamos agrícolas del ICF en Catalunya, según datos internos de 2025.
Lleida: 300 clientes agrícolas y 22 % del total regional
Lleida lidera la cartera del ICF en actividades primarias. En 2025, el organismo aprobó 147 operaciones de financiación en la provincia, un +11 % interanual, frente a los 132 de 2024. El 78 % de esos préstamos fueron destinados a explotaciones agropecuarias, cooperativas y PYMEs agroindustriales.
18 especialistas itinerantes reubicados en oficinas fijas
Los 18 técnicos de apoyo empresarial, hasta ahora distribuidos en oficinas de Acció y el Departament d’Empresa, serán los primeros en integrarse en las nuevas sedes. Su actividad itinerante registró 1.240 visitas presenciales a empresas en 2025, un +9 % respecto a 2024, pero con una cobertura limitada por la falta de infraestructura local.
4 capitales y Catalunya Central: 5 localizaciones en 12 meses
Tras Lleida, el ICF prevé inaugurar oficinas en Tarragona, Girona, Barcelona y la Catalunya Central antes de diciembre de 2026. Estas cuatro localizaciones sumarán 1.200 m² de superficie total, con una inversión estimada de 2,8 millones de euros, financiada íntegramente con fondos propios del organismo.
Catalunya Central: 47 % de crecimiento en solicitudes de microcréditos (2025)
En la zona central, el número de solicitudes de financiación para emprendedores individuales creció un 47 % en 2025, alcanzando las 892 peticiones, frente a las 607 de 2024. Sin embargo, la tasa de resolución presencial fue del 31 %, por debajo del 68 % medio regional, evidenciando la brecha de acceso.
Ficha bancaria pendiente: 0 autorización del Banco de España en 2026
El ICF sigue sin contar con la ficha bancaria que le permitiría operar como entidad de crédito. Aunque su régimen jurídico se ampara en la Ley 12/2011 de Instituciones de Finanzas Públicas, su solicitud ante el Banco de España y el BCE lleva 23 meses en trámite, sin resolución definitiva. Mientras tanto, su margen de actuación se limita a préstamos participativos, avales y líneas de garantía, sin depósitos ni cuentas corrientes.
140 empleados y 1,15 millones de euros en gastos operativos (2025)
El organismo cerró 2025 con 140 empleados, de los cuales 18 son técnicos especializados en acompañamiento empresarial, y 1,15 millones de euros en gastos operativos, un +3,6 % interanual. Su cartera de financiación total alcanzó los 427 millones de euros, con un 7,2 % de morosidad, ligeramente por encima del 6,8 % de 2024, según su memoria anual.
Radiografía en cifras
- 5 oficinas físicas previstas para 2026, frente a 0 en 2025.
- 300 clientes agrícolas atendidos en Lleida en 2025, +11 % respecto a 2024.
- 18 técnicos itinerantes serán reubicados en las nuevas sedes, que actualmente realizan 1.240 visitas anuales.
- 2,8 millones de euros de inversión total para infraestructura física en 2026.
- 23 meses de trámite sin resolución para la ficha bancaria ante el Banco de España.
- 427 millones de euros en cartera de financiación total en 2025, con 7,2 % de morosidad.
El ICF opera bajo el marco de la Ley 12/2011 y el Decreto 127/2017, que le otorgan autonomía de gestión pero limitan su capacidad de captación. Su expansión física responde a la Estrategia Catalana de Finanzas Públicas 2023–2027, que exige reducir la brecha territorial de acceso al 95 % de los municipios con más de 5.000 habitantes antes de 2027. En 2025, esa cobertura era del 63 %, según el informe de evaluación de la Generalitat.
