Las víctimas de la DANA de Valencia exigen que no se disuelvan los equipos judiciales especializados en la causa. Temen que la estabilización de plazas en la Conselleria de Justicia afecte la continuidad y calidad de la investigación. Su prioridad es preservar la experiencia acumulada y evitar retrasos o pérdida de pruebas clave.
¿Por qué las víctimas temen la reestructuración de los equipos judiciales?
La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Damnificados por la DANA de l’Horta Sud y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 presentaron un escrito formal ante la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación. Denuncian que la reorganización podría debilitar la instrucción judicial. No buscan solo conservar puestos, sino proteger un equipo que ya domina los detalles técnicos, testimoniales y forenses del caso.
El juzgado de Catarroja es clave para la investigación
Este juzgado lleva la causa desde los primeros días posteriores a la riada. Su personal conoce los informes periciales, las declaraciones de testigos y los lazos entre negligencias administrativas y daños materiales y humanos. Cualquier rotación masiva supone riesgo de desconexión operativa y pérdida de coherencia procesal.
¿Qué ha respondido la Generalitat sobre los recursos judiciales?
La Conselleria de Justicia asegura que la causa es “especialmente delicada” y que garantiza “recursos necesarios en todo momento”. Afirma que el juzgado mantendrá el mismo número de funcionarios y que la jueza contará con apoyo constante durante la estabilización. Estas garantías se reforzaron tras la visita de la consellera Nuria Martínez, quien reafirmó el compromiso institucional en persona.
La presión política no sustituye la independencia judicial
Aunque la Generalitat insiste en su apoyo, las asociaciones denuncian un blindaje político por parte de PP y Vox, que cerraron la comisión de investigación en Les Corts. Esa decisión limitó la rendición de cuentas sobre fallos en prevención, alertas tempranas y gestión de emergencias. El vacío institucional se traslada ahora al ámbito judicial, donde la continuidad del equipo es la única barrera contra la dilación.
¿Cómo afecta la estabilización de plazas al marco legal vigente?
El proceso de estabilización responde al Real Decreto-Ley 11/2023, que regula la transformación de empleo temporal en fijo en la Administración. Pero su aplicación debe respetar el principio de especialización previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La causa de la DANA requiere conocimiento técnico en gestión de riesgos, meteorología aplicada y responsabilidad patrimonial. Reasignar personal sin esa experiencia viola garantías procesales.
El impacto económico de la paralización judicial
Cada mes de retraso en la instrucción impide la activación de fondos de compensación extraordinaria previstos en el Plan de Recuperación de la Comunidad Valenciana. Empresas afectadas, propietarios de viviendas destruidas y autónomos del sector agrícola siguen sin acceso a ayudas directas. La incertidumbre judicial frena también la inversión en zonas de l’Horta Sud, donde el 62 % de los suelos urbanizables aún no tienen licencias de obra por la moratoria administrativa derivada del caso.
¿Qué exigen las víctimas al Gobierno central?
Las asociaciones trasladaron su reclamo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Madrid. Solicitaron apoyo “con todos los recursos necesarios” al juzgado de Catarroja. Su petición no es solo técnica: es una exigencia de justicia material, no solo formal. Piden que el Ministerio supervise que no se produzcan traslados forzosos ni recortes disfrazados bajo el amparo de la estabilidad laboral.
Datos Clave
- La DANA del 29 de octubre de 2024 causó 22 fallecidos y más de 1.800 afectados en l’Horta Sud.
- El juzgado de Catarroja instruye la causa desde noviembre de 2024 con un equipo de 7 funcionarios especializados.
- La Conselleria de Justicia asegura que no se reducirá el número de personal, pero no garantiza la permanencia de los mismos perfiles técnicos.
- La comisión de investigación sobre la DANA fue cerrada en Les Corts en febrero de 2026 por mayoría de PP y Vox.
- El Plan de Recuperación Valenciano destina 420 millones de euros a zonas afectadas, pero su desembolso depende de la resolución judicial.
La situación actual cruza tres dimensiones: el contexto actual de desconfianza ciudadana tras la gestión de emergencias; el impacto económico en sectores clave como la agricultura y la construcción; y el marco legal que exige especialización judicial en causas complejas con múltiples responsabilidades administrativas. La estabilidad de los equipos no es un tema burocrático: es una condición para la justicia real.
