Por Andalucía propone una reforma fiscal autonómica que recaudaría más de 1.000 millones de euros anuales. La medida no gravaría a la mayoría trabajadora. Busca fortalecer la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. La propuesta entra en plena campaña electoral andaluza, con elecciones previstas para 2026. Su diseño responde a un diagnóstico de desigualdad creciente y déficit estructural en inversión pública.
¿Cómo funciona la propuesta fiscal de Por Andalucía?
La coalición plantea una reestructuración del IRPF autonómico, con nuevos tramos progresivos. Las rentas superiores a 60.000 euros anuales pagarían tipos marginales más altos. Esto no afecta al 87 % de los contribuyentes andaluces, según cálculos internos de la coalición.
Recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones
Por Andalucía propone reinstaurar el impuesto de sucesiones y donaciones para herencias superiores a 1 millón de euros. Actualmente, Andalucía aplica bonificaciones del 99 %, lo que lo convierte en prácticamente inexistente para la mayoría de los casos. La medida se alinea con la doctrina del Tribunal Constitucional, que autoriza límites a las exenciones cuando hay capacidad económica real.
Refuerzo del impuesto sobre el patrimonio
La propuesta incluye una actualización del impuesto sobre el patrimonio, con un umbral de exención más bajo y tipos progresivos reales. Se aplica solo a patrimonios superiores a 2,5 millones de euros. El objetivo es cerrar brechas de equidad fiscal frente a la evasión mediante estructuras societarias o residencia fiscal artificial.
¿Qué impacto económico tiene esta reforma?
La recaudación adicional permitiría financiar 12 nuevos centros de salud en zonas con déficit asistencial, como el Campo de Gibraltar. También cubriría la contratación de 1.800 profesionales sanitarios y la mejora de infraestructuras educativas en 45 municipios con tasas de abandono escolar superiores al 22 %.
El análisis económico independiente de la Fundación Alternativas estima que cada euro recaudado mediante esta reforma genera 1,4 euros en retorno social, medido en reducción de desigualdad y mejora de indicadores de salud pública.
¿Es legal implementar esta reforma en Andalucía?
Sí. La competencia fiscal autonómica está reconocida en el Estatuto de Autonomía y en la Ley General Tributaria. Andalucía ya ha ejercido esta potestad con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). La propuesta respeta los límites constitucionales de capacidad económica, igualdad ante la ley y progresividad.
Marco legal clave
- Artículo 157.2 de la Constitución Española.
- Artículo 114 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 261/2021 sobre límites a bonificaciones en sucesiones.
¿Qué dice la oposición sobre esta propuesta?
El Gobierno andaluz en funciones ha calificado la medida como “populista y desincentivadora de la inversión”. Sin embargo, datos del INE muestran que Andalucía tiene la tasa más baja de recaudación per cápita entre comunidades autónomas: 1.240 euros frente a la media nacional de 1.890 euros.
Datos Clave
- La reforma fiscal propuesta recaudaría +1.000 millones de euros/año.
- Afecta solo al 13 % superior de contribuyentes andaluces.
- Recupera el impuesto de sucesiones para herencias >1 millón de euros.
- Refuerza la lucha contra el fraude fiscal transfronterizo con nuevas unidades especializadas.
- Permite blindar la sanidad pública y reducir listas de espera en un 30 % en tres años.
¿Cómo se vincula con los problemas reales de los andaluces?
En Algeciras, donde se presentó la propuesta, el 42 % de la población no tiene acceso a un centro de salud en menos de 15 minutos. El candidato Antonio Maíllo denunció la paralización del centro de salud anunciado en San José Artesano. La reforma fiscal no es un ejercicio teórico: es la condición financiera para cumplir compromisos concretos en acceso a la salud, educación pública y vivienda protegida. Su tridimensionalidad radica en su capacidad para articular justicia fiscal, cohesión territorial y sostenibilidad de los servicios públicos.
