El Gobierno de Navarra ha activado un radar de tramo de 30,5 km en la AP-68 entre Cortes y Tudela. Es el segundo más extenso del país. Su objetivo es reducir la siniestralidad y garantizar una conducción constante. No permite frenazos puntuales para eludir multas.
¿Dónde está instalado el radar de tramo en Navarra?
El sistema cubre el tramo de la AP-68 entre Cortes, localidad fronteriza con Aragón, y Tudela, en la Ribera de Navarra. Se extiende desde el punto kilométrico 115,027 hasta el 84,483, en sentido decreciente. Este recorrido supera los 30 km y forma parte de una estrategia integral de seguridad vial en una vía que será gestionada directamente por Navarra a partir de septiembre de 2026.
¿Por qué se eligió este tramo?
La AP-68 es una autovía estratégica con alta densidad de tráfico pesado. El tramo navarro registra una tasa de siniestralidad superior a la media nacional. Además, su liberación de la concesionaria Avasa en septiembre implica una nueva fase de gestión pública. El radar refuerza la autoridad de la Diputación Foral de Navarra sobre su infraestructura vial.
¿Cómo detecta el radar de tramo la velocidad media?
El sistema emplea cámaras gemelas: una al inicio y otra al final del recorrido. Cada cámara registra la matrícula y la hora exacta de paso. Un servidor central calcula el tiempo transcurrido y determina la velocidad media. Si supera el límite —60 km/h para camiones y 120 km/h para turismos— se genera una sanción automática.
¿Qué implica para los conductores profesionales?
Los camioneros deben ajustar su ritmo de conducción desde el primer kilómetro. No basta con reducir velocidad al final. El sistema desincentiva la conducción errática y promueve la planificación del viaje. Esto afecta directamente a los costes operativos del transporte por carretera en el corredor Vasco-Aragonesa.
¿Qué marco legal regula su uso en Navarra?
El radar opera bajo el Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula el régimen jurídico del tráfico. Además, la Ley Foral 11/2022 de Seguridad Vial de Navarra autoriza a la comunidad autónoma a instalar sistemas de control en vías de su competencia. El acuerdo entre el Gobierno de España y la Diputación Foral de Navarra, firmado en diciembre de 2025, transfirió la titularidad de los tramos navarros de la AP-68. Eso otorga a Navarra plena capacidad para fijar tarifas y sanciones.
¿Qué impacto económico tiene?
La gestión directa de la AP-68 por Navarra implica ingresos por peaje y multas. Se estima que el tramo genera más de 12 millones de euros anuales en ingresos por peaje. Las multas por exceso de velocidad media podrían incrementar los ingresos fiscales locales en un 18 % anual. Sin embargo, también presiona a las empresas de transporte a invertir en sistemas de telemática y formación en conducción eficiente.
¿Qué datos clave debe conocer el conductor?
- El radar cubre 30,5 km, entre Cortes y Tudela, en sentido decreciente.
- Es el segundo radar de tramo más largo de España, tras el de la A-45 en Málaga.
- Funciona con cámaras gemelas y cálculo de velocidad media, no instantánea.
- El límite es 120 km/h para turismos y 60 km/h para camiones.
- Las sanciones se notifican electrónicamente en un plazo máximo de 20 días.
- La competencia sobre el tramo pasó a Navarra en diciembre de 2025, y la gestión se asume en septiembre de 2026.
Datos Clave
- El radar forma parte de la transición de la AP-68 a gestión pública.
- Su instalación responde a un aumento del 22 % en accidentes con víctimas en ese tramo entre 2023 y 2025.
- Navarra es la única comunidad autónoma con competencia plena sobre una autopista de alta capacidad gestionada por el Estado.
- El sistema está integrado con la base de datos de la DGT, lo que permite una notificación automática y cruzada de infracciones.
- La inversión inicial superó los 2,3 millones de euros, financiados con fondos europeos NextGenerationEU.
La implementación del radar refleja una evolución tridimensional: técnica (tecnología de cámaras y algoritmos), económica (nueva fuente de ingresos y costes operativos para el transporte) y legal (transferencia de competencias y autonomía foral). No es solo un dispositivo de control: es un indicador de cómo las comunidades autónomas están asumiendo un rol activo en la gobernanza de infraestructuras nacionales.
