Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias. La Justicia federal argentina activó el caso tras detectar graves inconsistencias entre su declaración jurada de bienes y su estilo de vida real. El fiscal Gerardo Pollicita lidera la indagatoria, que ya incluye requerimientos de información patrimonial y financiera.
¿Qué denuncias desencadenaron la investigación judicial?
El caso se originó en denuncias presentadas por diputados opositores. Estos señalaron que Adorni omitió dos propiedades en su declaración jurada de 2024. Según los informes, solo declaró un apartamento en Buenos Aires y otro en La Plata —este último por donación familiar—, pero no incluyó dos inmuebles en zonas residenciales de las afueras de la capital.
El viaje en avión presidencial de su esposa
Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en febrero de 2026 en el avión presidencial a Nueva York con la comitiva oficial de promoción económica. Adorni admitió públicamente que su presencia no era procedente. Esa admisión reforzó las sospechas sobre el uso indebido de recursos estatales.
El vuelo privado financiado por un contratista estatal
En febrero, se viralizó un video de Adorni en un avión privado, cuyo costo habría sido asumido por Marcelo Grandio. Este empresario recibió contratos con la Televisión Pública argentina, dependiente del Ministerio de Cultura —área bajo influencia directa del jefe de Gabinete. El vínculo genera dudas sobre conflicto de intereses y tráfico de influencias.
¿Cómo se relaciona el caso con el marco legal argentino?
La investigación se tramita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Su designación es clave: fue propuesto por el Ejecutivo para la Corte Suprema en 2025, pero no logró los votos necesarios en el Congreso. Esto le otorga una posición institucionalmente independiente frente al Gobierno.
La ley 26.831 de Declaración Jurada Patrimonial obliga a funcionarios de alto nivel a informar todos sus bienes, deudas y movimientos patrimoniales anuales. La omisión intencional o la falsedad constituye delito. Además, la Ley 27.401 de Lucha contra la Corrupción establece sanciones penales para quienes obtengan ventajas indebidas mediante su cargo.
El rol del fiscal Gerardo Pollicita
Pollicita es conocido por su actuación en causas de corrupción pública. En este caso, solicitó pericias contables, análisis de transferencias bancarias y registros inmobiliarios. También pidió la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para rastrear flujos sospechosos.
¿Cuál es el impacto económico del caso en la confianza institucional?
El caso afecta directamente la credibilidad del Gobierno de Milei, que se presentó como alternativa anticorrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Argentina cayó tres posiciones en 2025. Cada caso de alto perfil como este refuerza la desconfianza de inversores extranjeros y reduce la eficacia de las reformas fiscales.
Además, el escándalo ha generado presión sobre el presupuesto de la Televisión Pública. Los contratos otorgados a Grandio están bajo revisión por la Auditoría General de la Nación. Si se confirma irregularidad, podrían anularse fondos por más de 120 millones de pesos argentinos.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- Adorni declaró solo dos propiedades en 2024, pero se le atribuyen cuatro inmuebles.
- Su esposa viajó en el avión presidencial sin cobertura legal ni justificación funcional.
- Un vuelo privado familiar fue financiado por un empresario con contratos estatales activos.
- La investigación se basa en la ley 26.831 y la ley 27.401, ambas con sanciones penales.
- El juez Ariel Lijo no fue confirmado en la Corte Suprema, lo que refuerza su autonomía en el caso.
Tridimensionalidad del caso
El caso Adorni no es solo jurídico: es un termómetro político, un factor de riesgo económico y un desafío institucional. En el contexto actual, donde el Gobierno apuesta a la transparencia como eje de su gestión, cualquier fisura en la ética pública erosiona su capital político. Económicamente, afecta la percepción de seguridad jurídica para la inversión. Desde el marco práctico, pone a prueba la efectividad de los controles internos del Estado y la independencia real del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
