El escándalo de las Viviendas de Protección Oficial (VPP) en Alicante ha entrado en una fase crítica: cuatro sesiones de la comisión municipal, cero comparecencias de los principales implicados. La ciudadanía exige transparencia. Los hechos no solo cuestionan la gestión urbanística, sino la rendición de cuentas en plena vigencia de la Ley de Transparencia 19/2013 y el Reglamento de Régimen Local. El vacío institucional se traduce en desconfianza, riesgo reputacional y posibles sanciones administrativas.
¿Por qué nadie ha acudido a la comisión sobre las VPP en Alicante?
La cuarta sesión de la comisión municipal terminó sin la presencia de ningún citado. Ni exconcejales del PP, ni del PSOE, ni de Compromís. Tampoco la exdirectora general de Contratación, María Pérez-Hickman, investigada judicialmente y con familiares adjudicatarios de VPP.
Su ausencia no es un silencio técnico. Es una decisión política con consecuencias reales. El concejal de EU-Podem, Manolo Copé, lo ha dejado claro: “No comparecer también es una decisión política”.
El PP citó a Mari Carmen de España, exconcejala de Urbanismo y hoy responsable de Educación y Empleo. También a María Dolores Padilla y Carlos Castillo, exediles con responsabilidad directa en Patrimonio y urbanismo. Ninguno acudió.
¿Qué dice la ley cuando los cargos públicos se niegan a comparecer?
La Ley 50/1997 del Gobierno y el Reglamento de Régimen Local establecen que los cargos públicos tienen el deber de colaborar con las comisiones informativas del Ayuntamiento. La negativa reiterada puede derivar en:
- Iniciativas de responsabilidad política ante el Pleno.
- Derivación al Tribunal de Cuentas si hay indicios de gestión irregular.
- Posible infracción administrativa grave, según el Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico.
Además, la Ley de Transparencia obliga a facilitar información sobre contrataciones públicas. Las adjudicaciones de VPP están sujetas a estrictos controles de capacidad económica, vinculación familiar y publicidad de los listados.
¿Qué ha hecho Castillo al no comparecer?
Carlos Castillo envió un escrito en lugar de acudir. En él abordó aspectos técnicos de la parcela y ofreció “ampliar algunos de los aspectos expuestos” por escrito. Pero eso no sustituye la comparecencia obligatoria ni el derecho de la oposición a formular preguntas en tiempo real.
¿Qué pasa si el alcalde Luis Barcala tampoco acude?
Desde la oposición se insiste en saber si el alcalde Luis Barcala acudirá finalmente a la comisión. Él mismo ha calificado los hechos como un “escándalo”. Su ausencia reforzaría la percepción de falta de liderazgo ético.
Barcala no está citado como investigado, pero sí como responsable político último de la gestión municipal. Su comparecencia no es opcional: es un requisito de gobernabilidad democrática y credibilidad institucional.
¿Qué implica esto para los ciudadanos de Alicante?
Cada ausencia retrasa la clarificación de:
- Cómo se seleccionaron los adjudicatarios.
- Si se respetaron los criterios objetivos de acceso a VPP.
- Si hubo conflictos de interés no declarados.
- Si se vulneró el principio de igualdad en la asignación de vivienda protegida.
Esto afecta directamente a miles de familias en lista de espera. Y tiene impacto económico: el valor de mercado de esas parcelas, la inversión pública desviada y el coste reputacional para el sector de la construcción en la provincia.
Datos Clave
- La comisión municipal lleva cuatro sesiones sin ninguna comparecencia.
- María Pérez-Hickman, exdirectora de Contratación, está citada como investigada el 20 de mayo.
- Tres formaciones políticas (PP, PSOE, Compromís) tienen exrepresentantes citados y ausentes.
- La Ley de Transparencia 19/2013 exige publicidad y acceso a los expedientes de adjudicación de VPP.
- El Reglamento de Régimen Local prevé sanciones por negativa injustificada a comparecer.
¿Cuál es el marco económico real detrás del escándalo VPP?
Las VPP en Alicante representan más de 120 millones de euros en inversión pública comprometida entre 2022 y 2026. Cada adjudicación no transparente puede generar:
- Pérdida de fondos europeos del Plan de Recuperación.
- Revisión de contratos por el Tribunal de Cuentas.
- Caída de la confianza inversora en el sector residencial protegido.
- Aumento del coste de financiación para futuros planes de vivienda.
El escándalo no es solo político. Es un riesgo fiscal, un fracaso regulatorio y una fractura social en una ciudad con más de 18.000 demandantes de vivienda protegida.
