El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso plan para aumentar el gasto en defensa al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2025. Este incremento, que se traduce en 10.500 millones de euros, se destinará a diversas áreas dentro del sector de la defensa, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos por España ante la OTAN. La medida se ha tomado en un contexto de creciente presión internacional, especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las amenazas de Donald Trump sobre la retirada del apoyo militar estadounidense a Europa.
El plan, que fue aprobado en una reunión del Consejo de Ministros, se financiará a través de la reasignación de partidas presupuestarias existentes, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Esto se debe a que el Gobierno considera que no se trata de un nuevo gasto, sino de una reorientación de recursos que ya están disponibles. Sánchez ha asegurado que este aumento no implicará una subida de impuestos ni afectará a la inversión en el Estado del Bienestar.
Para lograr este objetivo, el Gobierno ha identificado tres fuentes principales de financiación. En primer lugar, se utilizarán fondos del Plan de Recuperación, que incluye recursos destinados a la ciberseguridad. En segundo lugar, se aprovecharán los ahorros generados por un menor pago de intereses de la deuda pública. Por último, se reasignarán recursos de los Presupuestos Generales de 2023 que ya no tienen un propósito específico.
El presidente ha destacado que, de los 10.500 millones de euros, solo un 19% se destinará a la compra de armamento tradicional. La mayor parte del presupuesto se invertirá en mejorar las condiciones laborales y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como en el desarrollo de capacidades tecnológicas y de seguridad. Sánchez ha subrayado la necesidad de crear un «escudo digital» para proteger las infraestructuras críticas del país, que son objeto de miles de ciberataques anuales.
El plan se divide en cinco ejes principales. El primero, que representa el 35% del presupuesto, se destinará a mejorar las condiciones laborales y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El segundo eje, que representa el 31%, financiará nuevas capacidades tecnológicas y de seguridad. El tercer pilar, con un 19% de los fondos, se destinará a la fabricación y compra de equipos de defensa. El cuarto eje, con un 17%, se centrará en el desarrollo de tecnologías duales que puedan ser utilizadas tanto en el ámbito civil como militar. Finalmente, el 3% del presupuesto se destinará a mejorar las condiciones de los militares desplegados en misiones de paz.
Sánchez ha afirmado que el 87% del dinero del plan se quedará en España, beneficiando a empresas y trabajadores de diversas comunidades autónomas. Además, ha destacado que el plan contribuirá a la reindustrialización del país y a la creación de empleo, estimando que se generarán alrededor de 100.000 puestos de trabajo.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentar el plan como una medida necesaria para garantizar la seguridad de España y Europa, ha enfrentado críticas de varios sectores políticos. Algunos aliados del Gobierno, como el partido Sumar, han expresado su oposición al aumento del gasto en defensa, mientras que el Partido Popular ha exigido que el plan sea sometido a votación en el Parlamento. Sánchez ha intentado calmar las tensiones, enfatizando que la mayor parte del gasto no será en armamento, sino en mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta del país ante amenazas externas.
En resumen, el plan de rearme de Sánchez representa un cambio significativo en la política de defensa de España, con un enfoque en la modernización y la mejora de las capacidades de las Fuerzas Armadas, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica. La implementación de este plan será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado su impacto en la seguridad y la economía del país.
