El Tribunal Supremo juzga a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y al comisionista Víctor de Aldama por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada y malversación. El caso gira en torno a contratos públicos de mascarillas durante la emergencia sanitaria. García declaró con escasa memoria: «No recuerdo». Ábalos y Aldama enfrentan penas que podrían superar los 20 años de cárcel.
¿Qué alega Koldo García en su declaración?
Koldo García ha negado categóricamente la recepción de pagos, regalos o favores económicos. Afirmó que no aceptó los 10.000 euros mensuales que Aldama aseguró entregarle. También negó que el coche, la moto o el tratamiento de fertilidad de Patricia Úriz fueran beneficios derivados de su cargo.
Viajes a República Dominicana: ¿negocio o casualidad?
García explicó que su hermano Joseba viajó dos veces al país caribeño «para buscar novia». Añadió que Aldama le pidió, como favor personal, que recogiera documentación en esos viajes. Insistió en que el sobre entregado no fue abierto ni manipulado por su hermano.
¿Qué reveló Víctor de Aldama en su declaración?
Aldama ofreció una declaración de ocho horas. Afirmó haber entregado dinero en efectivo a Koldo, a veces en República Dominicana. Dijo que Joseba recogió los sobres y que financió directamente el tratamiento médico de Úriz. Su testimonio es clave: varios testigos lo respaldan.
¿Por qué su testimonio genera dudas sobre la coherencia de las defensas?
Las versiones de Aldama y García son mutuamente excluyentes. Mientras Aldama detalla fechas, montos y logística, García invoca amnesia selectiva y casualidades. El fiscal ha cuestionado la credibilidad de su «pérdida de memoria» tras la incautación de 27 teléfonos móviles.
¿Cuál es el impacto económico del caso mascarillas?
Los contratos investigados superan los 120 millones de euros. Se sospecha que se eludieron procedimientos de licitación pública, favoreciendo a empresas con vínculos informales con los acusados. Expertos estiman que la mala gestión pudo generar una pérdida patrimonial para las arcas públicas de al menos 35 millones.
¿Qué dice el marco legal sobre el uso de intermediarios en contratos públicos?
La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe expresamente la intermediación no autorizada. El Código Penal castiga con hasta 12 años de prisión el tráfico de influencias cuando se obtiene beneficio económico. La Ley Orgánica del Poder Judicial exige transparencia en la gestión de emergencias sanitarias.
¿Qué rol juega el contexto político actual en este juicio?
El caso se desarrolla en un escenario de creciente exigencia ciudadana sobre ética institucional. Coincide con la discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Transparencia y la creación de una Agencia Anticorrupción. El fallo podría sentar jurisprudencia para futuros procesos por corrupción en emergencias.
Datos Clave
- El juicio se celebra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sección Segunda.
- Se investigan al menos 17 contratos de suministro de mascarillas entre 2020 y 2021.
- Koldo García fue asesor técnico del Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos.
- Aldama actuó como intermediario entre empresas privadas y la Administración.
- La Fiscalía solicita penas de 22 años para Ábalos, 20 para García y 18 para Aldama.
La tridimensionalidad del caso es evidente: su dimensión jurídica redefine los límites del tráfico de influencias; su dimensión económica expone fallas sistémicas en la contratación pública; y su dimensión política acelera reformas anticorrupción en plena campaña electoral para las elecciones generales de 2027.
