Un funcionario de la conselleria de Vivienda en Alicante reconoció haber intervenido indebidamente en la adjudicación de una vivienda pública en el residencial Les Naus, donde su pareja resultó beneficiaria. El caso ha activado una investigación judicial y expone graves deficiencias en los controles de regularización y transparencia del sistema de viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana.
¿Qué ocurrió con las viviendas de Les Naus en Alicante?
El funcionario era el único responsable de todos los expedientes de las 140 viviendas de protección pública en el barrio de La Condomina, distrito de Playa de San Juan. Su pareja apareció entre los adjudicatarios. Al ser confrontado por su superior, el director territorial Juan Manuel Galbis, admitió: “la ha cagado, asumo las consecuencias”.
La magistrada de la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante inició los interrogatorios este miércoles. Además del funcionario, declararon como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda, Concepción Morillas, y el secretario adjunto, Vicente Caturla.
¿Por qué este caso revela un fallo sistémico en la regularización?
El sistema actual carece de mecanismos automáticos de detección de conflictos de interés. No existen filtros cruzados entre bases de datos de personal administrativo y listas de adjudicatarios. Tampoco hay auditorías periódicas de los expedientes por parte de órganos independientes.
Falta de separación funcional
El funcionario tenía competencia exclusiva sobre todos los expedientes. No hubo revisión paralela ni doble firma obligatoria. Esto viola el principio de separación de funciones, clave en la gestión de recursos públicos.
Ausencia de trazabilidad digital
No se registró ni auditó el acceso a los expedientes. No hay huella digital de quién modificó qué, cuándo ni por qué. La falta de trazabilidad impide la rendición de cuentas efectiva.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Les Naus?
Cada vivienda de protección pública en Alicante tiene un valor medio de 185.000 €, según datos del IVIMA 2025. Las 140 unidades representan un patrimonio público de más de 25,9 millones de euros. Una adjudicación sesgada no solo distorsiona el acceso equitativo, sino que genera costes ocultos: litigios, reasignaciones forzadas y pérdida de confianza ciudadana que reduce la participación en futuras convocatorias.
¿Qué marco legal regula la adjudicación de viviendas públicas en la Comunidad Valenciana?
La normativa se basa en el Decreto 101/2022, que regula el acceso a la vivienda protegida. Sin embargo, no exige verificación cruzada con registros de personal público ni establece sanciones automáticas por omisión de declaración de parentesco. El Reglamento de Transparencia de la Generalitat tampoco obliga a publicar los nombres de los técnicos responsables de cada expediente.
Datos Clave
- El funcionario fue expedientado, pero se reincorporó a su puesto el lunes anterior a la comparecencia judicial.
- Ciudadanos y PSPV-PSOE actúan como acusación popular, junto a la Fiscalía Anticorrupción.
- No se ha iniciado aún la declaración del funcionario implicado, aunque se ha solicitado formalmente.
- El residencial Les Naus forma parte de la estrategia de vivienda asequible del Plan de Vivienda 2023–2027 de la Generalitat.
- La normativa actual no prevé sanciones administrativas automáticas por conflicto de interés no declarado.
La tridimensionalidad del caso es clara: desde el contexto actual, refleja una crisis de confianza en la gestión pública local; desde el impacto económico, pone en riesgo decenas de millones en inversión pública y distorsiona el mercado residencial alicantino; y desde el marco práctico y legal, evidencia vacíos normativos que permiten la acumulación de poder sin contrapesos. La solución no es solo sancionar, sino redefinir los protocolos de regularización, incorporar auditoría algorítmica y exigir transparencia real en cada eslabón del proceso.
