La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha mostrado su apoyo a la reciente iniciativa legislativa que busca regular la actividad de los lobbies en España. En su XVII Asamblea General, celebrada en Madrid, la APRI destacó la importancia de establecer un marco normativo que garantice la transparencia en las relaciones entre estos grupos de interés y la acción política. La ley, que ya ha sido aprobada para su tramitación en el Congreso, pretende crear un registro público donde los lobbies deberán inscribirse para operar legalmente.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, participó en la asamblea y subrayó la necesidad de esta regulación para mejorar la calidad democrática y alinearse con los estándares internacionales. Según López, la colaboración entre el sector público y privado debe ser una práctica habitual y no una excepción. La APRI, representando a los lobbies, ha acogido con satisfacción esta iniciativa, aunque ha planteado la necesidad de realizar ciertas enmiendas al texto propuesto.
Carlos Parry, presidente de la APRI, enfatizó que la regulación es una oportunidad histórica para establecer reglas claras que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La ley no solo reconocerá la labor legítima de los profesionales del lobby, sino que también contribuirá a la integridad del proceso democrático. Sin embargo, Parry advirtió que el apoyo de la APRI a la ley está condicionado a la inclusión de modificaciones que aseguren la independencia del órgano de control y brinden seguridad jurídica a los profesionales del sector.
El proyecto de ley define a los grupos de interés como personas físicas y jurídicas que realizan actividades de influencia en los procesos de toma de decisiones públicas. Esto incluye desde reuniones y propuestas hasta campañas de comunicación. Sin embargo, la ley excluye de esta definición a las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como a los colegios profesionales.
Además, la normativa obligará a los altos cargos y empleados de la Administración General del Estado (AGE) a presentar un informe de huella normativa, donde deberán detallar las interacciones que hayan tenido con los lobbies, incluyendo la fecha y el objeto del contacto. Esta medida busca asegurar que las contribuciones de los lobbies a los proyectos públicos sean transparentes y registradas adecuadamente.
Otro aspecto relevante de la ley es que se modificará la regulación del ejercicio de altos cargos en la AGE, prohibiendo a estos acceder a actividades de influencia relacionadas con sus competencias durante dos años tras dejar su cargo. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y asegurar que las decisiones tomadas en el ámbito público no estén influenciadas por intereses privados.
La APRI ha manifestado su deseo de colaborar con el gobierno para mejorar el texto legislativo, asegurando que la ley no solo sea aceptada, sino que también sea efectiva y beneficiosa para todos los actores involucrados. La regulación de los lobbies en España se presenta como un paso significativo hacia la transparencia y la integridad en la política, alineándose con las prácticas de otros países que ya cuentan con marcos normativos similares.
En resumen, la aceptación de la ley por parte del sector del lobby refleja un cambio hacia una mayor transparencia y regulación en las relaciones entre los grupos de interés y el gobierno. A medida que se avanza en la tramitación de esta ley, será crucial observar cómo se incorporan las enmiendas propuestas por la APRI y cómo se implementará el registro público de lobbies, que promete transformar la dinámica de la influencia política en España.
