La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red criminal con sede en Catalunya que estafó 987.400 euros a 58 personas entre 2023 y junio de 2026, según datos oficiales actualizados el 21 de julio de 2026.
Esta cifra representa un aumento del 37 % respecto a las estafas financieras similares detectadas en 2022 por la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Las víctimas residen en cinco provincias: Ávila (19), Zamora (12), Barcelona (11), Madrid (9) y Cantabria (7) —un reparto geográfico que evidencia la escalada de operativos transprovinciales en fraudes digitales.
58 víctimas afectadas en cinco provincias en menos de 36 meses
La operación se inició en febrero de 2024 tras una querella presentada en Ávila por 4 ciudadanos con un perjuicio acumulado de 30.250 euros. En menos de 28 meses, el número de denuncias se multiplicó por 14,5 veces, alcanzando las 58 víctimas identificadas hasta la fecha.
Precedentes cuantificados: evolución del modus operandi
- En 2021, el 62 % de las estafas financieras registradas por la UCO se realizaban mediante llamadas telefónicas; en 2026, ese porcentaje ha caído al 23 %, mientras que el 68 % se ejecuta ahora vía web y aplicaciones de mensajería cifrada.
- El 89 % de las víctimas identificadas tienen más de 62 años, con una media de edad de 68,4 años, según el informe del Observatorio de Delitos Financieros del Ministerio del Interior (junio 2026).
- El tiempo medio entre la primera inversión y la primera denuncia fue de 4,2 meses, frente a los 11,7 meses registrados en estafas de perfil similar en 2019.
987.400 euros desviados: 73 % a cuentas bancarias vinculadas y 27 % a criptomonedas
Las investigaciones confirmaron que el 72,8 % de los fondos defraudados —es decir, 718.900 euros— fueron transferidos a cuentas bancarias controladas por los investigados en entidades con sede en España y Luxemburgo. El resto, 268.500 euros, se canalizó mediante 43 operaciones de compra de Bitcoin y Ethereum, todas ejecutadas en exchanges no regulados por la CNMV ni la AEB.
Desglose por instrumentos de blanqueo
- 29 operaciones de conversión a BTC entre marzo y diciembre de 2025, con montos unitarios entre 3.200 y 18.600 euros.
- 14 operaciones de intercambio entre stablecoins (USDT y USDC) para borrar rastros de origen, con tiempos de retención media inferior a 17 minutos.
- 0 registros contables legítimos en las cuentas de la persona jurídica investigada: todas las facturas emitidas eran falsas o carecían de soporte fiscal, según la inspección de la Agencia Tributaria (2026).
Red empresarial con fachada legal: 3 sociedades y 0 actividad real
Los estafadores crearon una estructura de 3 sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil entre 2022 y 2024. Ninguna registró facturación real: la más activa declaró 12.400 euros en ingresos anuales en 2025, frente a los 892.000 euros movilizados en cuentas bancarias vinculadas.
Radiografía en cifras
- 58 víctimas identificadas en cinco provincias entre febrero de 2024 y julio de 2026.
- 987.400 euros defraudados, un 37 % más que el promedio anual de estafas financieras complejas en 2022–2023.
- 7 personas físicas investigadas por delito continuado de estafa, con penas máximas acumuladas de hasta 12 años según el Código Penal vigente.
- 1 persona jurídica investigada por 5 delitos distintos: estafa, blanqueo, insolvencia punible, delitos contra el mercado y contra la Hacienda Pública.
- 0 autorizaciones de la CNMV ni del Banco de España para la comercialización de los productos financieros ofrecidos.
- 43 transacciones en criptomonedas detectadas, todas realizadas desde direcciones IP encriptadas y con wallets sin vinculación KYC.
Marco normativo aplicable: Ley 10/2010 y Reglamento UE 2023/1114
La investigación se enmarca en la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuya reforma de 2023 amplió la obligación de identificación a proveedores de servicios de activos virtuales. Además, la operación aplica el Reglamento UE 2023/1114, que exige a exchanges con sede en la UE reportar transacciones superiores a 1.000 euros, requisito incumplido en el 100 % de los casos analizados.
El caso también activa el artículo 289 del Código Penal —estafa con agravante de organización criminal—, cuya pena mínima es de 5 años, y el artículo 301 bis, introducido en 2022, que sanciona la simulación de actividad empresarial con fines defraudatorios con hasta 8 años de prisión.
