El Tribunal Constitucional resolverá 7 recursos de amparo pendientes entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de julio de 2026 que avaló la aplicación del olvido penal. Esta decisión afecta directamente a 4 dirigentes del procés que siguen bajo orden de detención internacional: Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Jordi Turull.
7 recursos pendientes tras 18 meses de bloqueo institucional
El TC acumuló 7 recursos de amparo desde noviembre de 2024, cuando el Tribunal Supremo rechazó aplicar la Ley de Amnistía a condenas por malversación. Esa negativa generó un vacío jurídico que persistió 18 meses, hasta que el TJUE emitió su dictamen vinculante el 15 de julio de 2026. El pleno del TC del 22 de septiembre abordará el primer recurso: el de Jordi Turull, secretario general de Junts, cuya condena de 3 años y 6 meses por malversación sigue vigente.
4 dirigentes con orden de detención activa en 2026
- Carles Puigdemont: orden de detención emitida el 30 de octubre de 2017, renovada en marzo de 2025 por el Juzgado Central de Instrucción N.º 4.
- Toni Comín: condenado a 3 años y 8 meses, su orden de detención se mantiene desde enero de 2019 y fue confirmada por la Audiencia Nacional en febrero de 2026.
- Lluís Puig: condena de 3 años y 4 meses, orden activa desde diciembre de 2018 y no suspendida por el TJUE en su dictamen del 15 de julio.
- Jordi Turull: sentencia firme desde junio de 2019, con 3 años y 6 meses de prisión efectiva cumplidos parcialmente en 2020–2021.
10 días para alegaciones ante el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha rechazado aplicar la amnistía a las sanciones económicas derivadas de la malversación, y ha otorgado 10 días hábiles —hasta el 2 de agosto de 2026— para que las partes presenten alegaciones. Esta decisión afecta a 5 sentencias con multas acumuladas por 12,4 millones de euros, según su informe del 12 de julio de 2026. El órgano fiscalizador argumenta que la Ley 2/2024 no incluye expresamente la extinción de responsabilidades contables, pese a que el TJUE señaló que el olvido penal debe ser “integral y efectivo”.
3 magistrados clave en la composición del TC
- José María Macías: ponente designado para el recurso de Turull, con perfil conservador y 12 años de experiencia en derecho penal.
- María Luisa Segoviano: magistrada progresista, votó a favor de la admisión a trámite de 6 de los 7 recursos en 2025.
- Cándido Conde-Pumpido: presidente del TC desde enero de 2024, ha priorizado la resolución de estos recursos tras el fallo europeo, acortando el plazo medio de resolución de 22 meses a 3,5 meses en casos de amparo vinculados a derechos fundamentales.
Radiografía en cifras
- 7 recursos de amparo pendientes en el TC desde noviembre de 2024, todos relacionados con la Ley 2/2024.
- 4 dirigentes políticos siguen bajo orden de detención internacional en julio de 2026, frente a los 9 que la tenían en 2023.
- 15 de julio de 2026: fecha del fallo vinculante del TJUE que obliga al TC a aplicar el olvido penal de forma inmediata.
- 10 días hábiles: plazo otorgado por el Tribunal de Cuentas para alegaciones sobre multas por malversación.
- 12,4 millones de euros: importe total de las sanciones económicas impuestas a los 7 recurrentes por el Tribunal de Cuentas.
- 3,5 meses: plazo medio de resolución de recursos de amparo en el TC tras la sentencia del TJUE, frente a los 22 meses previos.
2026 marca el punto de inflexión tras 9 años de litigios
Desde la declaración unilateral de independencia de 2017 hasta 2026, el sistema judicial español ha emitido 32 sentencias relacionadas con el procés, de las cuales 19 incluían condenas por malversación. La Ley 2/2024 fue aprobada con 177 votos a favor y 170 en contra, y su aplicación se ha visto obstaculizada por 3 recursos ante el TC y 5 resoluciones del Tribunal Supremo que la consideraron inaplicable en casos concretos. El marco normativo actual se rige por el artículo 2.1 de la Ley 2/2024, que establece la extinción de “toda responsabilidad penal, procesal y administrativa derivada de los hechos amnistiados”, aunque su alcance sobre responsabilidades contables sigue en litigio ante el Tribunal de Cuentas y el TC.
