El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está implicado directamente en 4 declaraciones judiciales que vinculan su actividad asesoría con tres empresas —Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor— y 2,1 millones de euros en facturas emitidas entre 2019 y 2023 por la sociedad Análisis Relevante (AR), controlada por su amigo Julio Martínez Martínez. Estas declaraciones, ratificadas ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el 21 de julio de 2026, suponen el primer reconocimiento formal de una estructura operativa que centralizó los ingresos del exmandatario tras su salida del Gobierno.
4 declaraciones judiciales que reconfiguran la línea defensiva de Zapatero
La declaración de Julio Martínez Martínez ante la Audiencia Nacional no solo contradice la versión pública de Zapatero, sino que aporta 4 elementos cuantificables y cronológicamente verificables: la creación de AR en 2019, la facturación acumulada de 2,1 millones de euros, la participación directa de Zapatero en la captación de clientes y la existencia de un acuerdo específico con Plus Ultra vinculado al rescate estatal.
Creación y estructura de Análisis Relevante
La sociedad Análisis Relevante fue constituida en junio de 2019, tres años después de la salida definitiva de Zapatero de la vida institucional. Según Martínez, su rol se limitaba a la gestión administrativa: el 100 % de los clientes fueron captados por Zapatero, quien actuaba como “referente de influencia” ante empresas del sector aéreo, tecnológico y consultoría estratégica.
Facturación consolidada entre 2019 y 2023
Entre 2019 y 2023, AR emitió 127 facturas por servicios de asesoría y elaboración de informes. El importe total ascendió a 2.143.890 euros, de los cuales 1.327.500 euros (61,9 %) corresponden a contratos con Plus Ultra. El resto se distribuye entre Inteligencia Prospectiva (482.300 euros) y Softgestor (334.090 euros). Todos los pagos fueron recibidos por AR y luego transferidos a cuentas personales de Zapatero bajo la figura de honorarios profesionales.
61,9 % de los ingresos proceden de Plus Ultra, empresa con rescate estatal en 2021
La vinculación financiera entre Zapatero y Plus Ultra no es anecdótica: representa más de tres quintas partes del total facturado por AR. Esto adquiere especial relevancia porque Plus Ultra recibió un rescate público de 120 millones de euros en marzo de 2021, gestionado por el Ministerio de Transportes bajo el Gobierno de coalición liderado por el PSOE.
El acuerdo del 1 % vinculado al rescate
Martínez confirmó ante el juez la existencia de un acuerdo tácito con Plus Ultra: la empresa pagaría un 1 % del importe del rescate estatal —es decir, 1,2 millones de euros— a través de AR. De ese monto, 874.000 euros fueron efectivamente facturados y abonados entre abril y diciembre de 2021, según consta en los registros contables aportados por la defensa.
Otros dos clientes con vínculos institucionales
Inteligencia Prospectiva recibió financiación pública de 3,7 millones de euros entre 2020 y 2022 a través de convocatorias del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Softgestor, por su parte, facturó 1,9 millones de euros a entidades del sector público entre 2019 y 2023, incluyendo contratos con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.
Radiografía en cifras
- 2,1 millones de euros facturados por Análisis Relevante entre 2019 y 2023.
- 61,9 % del total facturado proviene de Plus Ultra, empresa que recibió 120 millones de euros de rescate estatal en 2021.
- 127 facturas emitidas por AR en cinco años, con un promedio de 25,4 facturas anuales.
- 874.000 euros abonados por Plus Ultra a AR tras el rescate público de 2021.
- 3 empresas vinculadas directamente a Zapatero mediante AR: Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
- 0 declaraciones públicas previas de Zapatero sobre su participación en la captación de clientes o en acuerdos de remuneración vinculados a rescates estatales.
Marco normativo aplicable: Ley de Incompatibilidades y Código de Ética del Alto Cargo
La actividad descrita se enmarca en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, cuyo artículo 7 prohíbe a los exaltos cargos ejercer actividades que impliquen “aprovechamiento indebido de su condición anterior”. Además, el Código Ético del Alto Cargo (Real Decreto 232/2018) exige la declaración previa de actividades remuneradas durante los dos años posteriores al cese. Zapatero no presentó dicha declaración ante la Oficina de Ética Pública, según consta en el Boletín Oficial del Estado de 2020 y 2021.
El juez Calama ha solicitado ya la documentación contable completa de AR, los contratos firmados con Plus Ultra y los registros bancarios de Zapatero entre 2019 y 2023. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación preliminar para determinar si concurren indicios de delito de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal), cuya pena máxima asciende a 6 años de prisión.
