Más de 1 millón de extranjeros residentes han accedido a derechos de ciudadanía tras el cierre del proceso extraordinario de regularización el 30 de junio de 2026 —una cifra 37 % superior a las proyecciones iniciales del Gobierno, que estimaban 730.000 beneficiarios para el primer semestre.
Más de 1 millón de regularizados supera las previsiones oficiales
El proceso, activado en enero de 2026 bajo el Real Decreto-Ley 3/2026, alcanzó su plazo final con 1.028.419 solicitudes admitidas, de las cuales el 92,4 % ya cuentan con resolución favorable. Esto representa un aumento del 215 % frente a los 326.000 regularizados en todo 2025, según datos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Bienestar Social.
Antecedentes cuantificados del proceso
- El decreto de regularización se activó tras la aprobación del Plan Estratégico de Migraciones 2025–2029, que asignó 1.200 millones de euros para integración en cinco años.
- En 2024, el número medio anual de regularizaciones por vía ordinaria fue de 142.000, lo que sitúa el salto de 2026 como el mayor en una sola convocatoria desde la reforma de la Ley de Extranjería en 2011.
- El 68,3 % de los beneficiarios provienen de países de América Latina, especialmente Venezuela (291.000), Colombia (147.000) y Ecuador (98.000), según el informe del Observatorio Permanente de Migraciones (OPM) de junio de 2026.
La ley saharaui avanza tras 14 meses de bloqueo parlamentario
La proposición de ley para reconocer la nacionalidad española a personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española (hasta el 26 de febrero de 1976) ha superado la fase de ponencia en el Congreso con 172 votos a favor, 116 en contra y la abstención de 12 diputados de Junts. Es el primer avance sustancial desde abril de 2025, cuando el texto quedó estancado por desacuerdos sobre el alcance temporal y la documentación exigible.
Desglose por categorías de la iniciativa
- Se estima que entre 42.000 y 58.000 personas cumplen los requisitos legales actuales: nacimiento en el territorio antes de 1976 y vínculo documental con la administración española (certificados de nacimiento, matrículas escolares o registros consulares).
- El proyecto modifica el artículo 17.1.b) de la Ley 4/2000, incorporando una nueva excepción al requisito de residencia mínima de dos años para nacionales de Iberoamérica.
- La redacción final acordada entre PSOE y Sumar elimina la exigencia de “vinculación efectiva” con España, sustituyéndola por la presentación de un documento histórico verificable —un cambio que reduce el umbral probatorio en un 63 %, según cálculos del Consejo General de Procuradores.
El plan de integración de 505 millones marca un nuevo umbral presupuestario
El anuncio del presidente Sánchez de un nuevo plan de integración dotado con 505 millones de euros para 2026 supera en un 42 % el presupuesto total asignado a políticas migratorias en 2025 (355 millones). El 58 % de los fondos se destinará a formación profesional certificada, el 22 % a apoyo lingüístico intensivo y el 20 % restante a acompañamiento jurídico y acceso a la vivienda.
Comparativa con planes anteriores
- El Plan de Acogida 2022–2024 destinó 287 millones en tres años, con una cobertura media de 127.000 personas/año.
- El nuevo plan prevé atender a 312.000 personas en 2026, lo que supone un incremento del 145 % en capacidad operativa frente a 2025.
- La inversión por beneficiario asciende a 1.618 euros, frente a los 942 euros de media en 2025, según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de junio de 2026.
Radiografía en cifras
- 1.028.419 solicitudes admitidas en el proceso extraordinario de regularización cerrado el 30/06/2026.
- 505 millones de euros es el presupuesto inicial del nuevo plan de integración, el mayor en una sola anualidad desde 2000.
- 42.000–58.000 personas podrían acceder a la nacionalidad bajo la nueva ley saharaui, según estimaciones del Ministerio de Justicia.
- 172 votos a favor obtuvo la proposición en la fase de ponencia, con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, PNV y BNG.
- 63 % menos requisitos probatorios tras el acuerdo transaccional sobre la documentación histórica saharaui.
- 145 % más personas atendidas en 2026 respecto a la media anual de 2025, según proyecciones del INE.
El marco normativo aplicable incluye la Ley Orgánica 4/2000, el Real Decreto-Ley 3/2026 y la Directiva 2023/2725 de la UE sobre integración de nacionales de terceros países, cuyo cumplimiento se verifica mediante indicadores trimestrales del Observatorio Permanente de Migraciones. La Comisión Europea ha calificado el proceso español como “referente en coherencia entre regularización y derechos sociales”, según su informe de seguimiento de mayo de 2026.
