Más de 1,02 millones de extranjeros ya residentes en España han obtenido derechos de ciudadanía tras el cierre del proceso extraordinario de regularización migratoria, que superó en un 27 % las previsiones iniciales del Gobierno (798.000 solicitudes estimadas en 2025). Este hito marca el punto de partida del nuevo Plan Nacional de Integración, dotado con 505 millones de euros en su primer año de ejecución y anunciado por Pedro Sánchez el 30 de junio de 2026.
Más de 1,02 millones integrados en un solo ciclo de regularización
El proceso, activado en enero de 2025 y cerrado el 29 de junio de 2026, recibió 1.024.683 solicitudes válidas. De ellas, 942.115 ya cuentan con resolución favorable emitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El resto (82.568) se encuentra en fase de resolución final, con plazo máximo de emisión hasta el 30 de septiembre de 2026.
10 ministerios coordinados en 14 meses de diseño
La elaboración del plan implicó la participación de 10 ministerios, incluidos Educación, Trabajo, Sanidad y Justicia. El trabajo conjunto duró 14 meses, con 37 reuniones técnicas interministeriales, 12 aportaciones formales de CCOO y UGT, y 8 documentos de consulta pública con la patronal CEOE y la sociedad civil. El 92 % de las medidas incorporadas provienen de propuestas ciudadanas validadas en foros locales entre marzo y noviembre de 2025.
505 millones de euros: la mayor inversión anual en integración desde 2012
La dotación de 505 millones de euros supera en un 63 % el presupuesto asignado al Plan de Inclusión Social 2022–2024 (309,8 millones). El 41 % del total (207,05 millones) se destina a empleo, el 28 % (141,4 millones) a educación y formación, el 19 % (95,95 millones) a vivienda y servicios sociales, y el 12 % (60,6 millones) a atención jurídica y acompañamiento administrativo.
Estrategia de movilidad laboral: 45.000 contratos con garantía de residencia
La estrategia de movilidad laboral prevé la firma de 45.000 contratos de trabajo con garantía de residencia en 2026, priorizando sectores con déficit estructural: agricultura (18.200), construcción (12.600) y atención sociosanitaria (14.200). Cada contrato incluye un módulo obligatorio de formación en lengua y normas de convivencia, con una tasa de finalización del 89,3 % en pilotos realizados en Andalucía y Valencia entre enero y mayo de 2026.
Agencia Estatal de Movilidad Humana: 3 años para su plena operatividad
La futura Agencia Estatal de Movilidad Humana concentrará 17 funciones dispersas actualmente entre 5 organismos distintos. Su puesta en marcha se hará en tres fases: fase de diseño (hasta diciembre de 2026), fase de pruebas con 3 comunidades autónomas (enero–junio de 2027), y fase nacional (julio de 2027). El presupuesto inicial asignado es de 38,2 millones de euros, con un objetivo de reducir un 35 % los tiempos medios de tramitación de residencias en 2028.
12 acuerdos autonómicos con PP y Vox analizados por el Consejo de Estado
El plan responde directamente a la proliferación de 12 acuerdos autonómicos firmados entre PP y Vox entre enero y junio de 2026, que incluyen cláusulas de “prioridad nacional” en acceso a vivienda, empleo público y formación profesional. El Consejo de Estado emitió un informe el 25 de junio de 2026 señalando que 8 de esos 12 acuerdos contienen disposiciones contrarias al artículo 13.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que prohíbe la discriminación por nacionalidad en el acceso a derechos sociales.
Radiografía en cifras
- 1.024.683 solicitudes presentadas en el proceso extraordinario de regularización (enero 2025–junio 2026).
- 505 millones de euros presupuestados para el Plan Nacional de Integración en 2026, un 63 % más que el ciclo 2022–2024.
- 45.000 contratos laborales con garantía de residencia previstos para 2026, con 89,3 % de tasa de finalización en pilotos.
- 17 funciones administrativas serán transferidas a la nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana, reduciendo tiempos de trámite en un 35 % para 2028.
- 12 acuerdos autonómicos entre PP y Vox analizados por el Consejo de Estado, de los cuales 8 fueron calificados como potencialmente contrarios a la ley migratoria vigente.
- 92 % de las medidas del plan provienen de propuestas ciudadanas validadas en 42 foros locales entre marzo y noviembre de 2025.
El marco normativo aplicable incluye la Ley Orgánica 4/2000, la Directiva 2003/109/CE sobre estatus de residentes de larga duración, y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018), ratificado por España en 2022. En comparación con el Plan de Inclusión 2018–2021, este nuevo ciclo incrementa un 112 % la inversión por persona integrada (de 287 euros a 609 euros por beneficiario en 2026).
