La trama SEPI ha escalado a una dimensión sin precedentes: 78 personas están ahora bajo investigación judicial tras la imputación de 25 nuevos acusados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional el 29 de junio de 2026. Este salto representa un aumento del 48 % respecto a los 53 investigados previos registrados en diciembre de 2025, tras la detención de los tres miembros del grupo Hirurok.
78 imputados en 5 operativas: el doble que en 2024
La ampliación actual duplica el número de investigados respecto a los 39 casos abiertos en 2024, año en que la Fiscalía Anticorrupción inició la primera fase de indagaciones tras detectar irregularidades en contratos de adjudicación directa. El volumen de personas imputadas supera ya al total de altos cargos públicos sancionados por corrupción en el sector industrial estatal entre 2018 y 2023, que sumó 62 sanciones según el Informe Anual de la Comisión de Control del Sector Público (2025).
Operativa Mercasa: 12 contratos sospechosos entre 2022 y 2025
En Mercasa, la sociedad pública de comercialización agroalimentaria participada al 100 % por SEPI, se identificaron 12 contratos adjudicados sin concurso entre enero de 2022 y marzo de 2025. Estos suponen un valor acumulado de 217 millones de euros, el 37 % del gasto total de la empresa en ese periodo. Tres de ellos fueron otorgados a empresas vinculadas a sociedades pantalla registradas en Malta y Chipre, según el informe pericial de la UCO.
Caso Enusa: 4 nombramientos irregulares en 2023–2024
En Enusa, la empresa estatal de gestión del combustible nuclear, se detectaron 4 nombramientos directos de altos cargos entre octubre de 2023 y mayo de 2024, todos sin publicidad ni evaluación objetiva. Uno de ellos fue el de José Vicente Berlanga, imputado ahora, quien asumió la presidencia tras una resolución del Consejo de Administración aprobada con una sola firma, en contravención del artículo 12.3 del Real Decreto 1072/2017, que exige quórum de mayoría cualificada.
La red Hirurok: 3 detenidos, 17 cuentas bancarias y 4,2 millones en movimientos sospechosos
El grupo Hirurok —formado por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso— operó desde diciembre de 2023 hasta su detención en diciembre de 2025. La UCO identificó 17 cuentas bancarias vinculadas a 11 sociedades interpuestas, con 4,2 millones de euros en movimientos no justificados entre 2024 y 2025. El 89 % de esos fondos se transfirió a través de tres entidades financieras con sede en la UE, todas bajo supervisión del Banco Central Europeo desde 2023.
Parque Empresarial Principado de Asturias: 67 millones en obras sin licitación
En el expediente del Parque Empresarial Principado de Asturias —sociedad participada por Sepides, filial de SEPI— se detectaron 67 millones de euros en obras ejecutadas entre 2021 y 2025 sin procedimiento de licitación. El 100 % de los contratos fueron adjudicados a empresas que compartían socios con firmas ya investigadas en el caso Forestalia, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de abril de 2026.
Radiografía en cifras
- 78 personas investigadas en total, frente a 53 en diciembre de 2025 y 39 en 2024.
- 5 operativas centrales: Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
- 217 millones de euros en contratos sospechosos en Mercasa (2022–2025), el 37 % de su gasto total.
- 4,2 millones de euros en movimientos bancarios no justificados vinculados al grupo Hirurok (2024–2025).
- 67 millones de euros en obras sin licitación en el Parque Empresarial de Asturias (2021–2025).
- 12 contratos adjudicados sin concurso en Mercasa, todos con plazos de ejecución inferiores a 30 días —un indicador de urgencia no justificada según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Marco normativo aplicable: 3 leyes clave y 2 sentencias de referencia
La investigación se sustenta en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 173 exige transparencia en adjudicaciones directas superiores a 15.000 euros. También aplica el Real Decreto 1072/2017, que regula la designación de altos cargos en entidades públicas, y la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, que atribuye competencia a la Audiencia Nacional en delitos de corrupción con proyección nacional. La sentencia 221/2024 del Tribunal Supremo estableció como estándar probatorio la “coherencia sistémica de conductas”, criterio aplicado ahora por la Fiscalía para vincular las cinco operativas bajo un mismo patrón estructurado.
