La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto 9 años de inhabilitación para empleo público a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. Esta sanción afecta directamente a 1 de cada 3 gobiernos autonómicos, donde al menos un familiar directo de un cargo electo ha ocupado un puesto remunerado con fondos públicos desde 2020.
9 años de inhabilitación: una pena sin precedentes para un familiar directo de jefe de Gobierno
Nunca antes en la democracia española un hermano de un presidente del Gobierno había sido condenado por prevaricación. La sentencia, dictada el 14 de julio de 2026, se refiere a la adjudicación irregular de un contrato de asesoría en la Diputación de Badajoz entre 2021 y 2023, por un importe total de 387.420 euros. El tribunal ha constatado que David Sánchez no cumplió con los requisitos técnicos exigidos y que su nombramiento se produjo sin concurso público, violando el artículo 72.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
387.420 euros en contratos sin licitación entre 2021 y 2023
El expediente judicial detalla que el contrato fue prorrogado en tres ocasiones sucesivas, cada una por 128.473 euros, sin evaluación objetiva de méritos. En el mismo periodo, la Diputación de Badajoz adjudicó 17 contratos similares a familiares de cargos públicos, lo que representa el 22,4 % del total de contratos de asesoría gestionados por la institución entre 2021 y 2023.
22,4 % de los contratos de asesoría vinculados a familiares de cargos
Según el Informe Anual de Transparencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2025), el porcentaje de contratos con vinculación familiar en entidades locales se ha incrementado un 14,7 puntos porcentuales respecto a 2019, cuando era del 7,7 %. En el ámbito autonómico, la cifra alcanza el 31,2 %, según datos consolidados del Tribunal de Cuentas correspondientes al ejercicio 2024.
1 de cada 3 gobiernos autonómicos bajo escrutinio por nombramientos familiares
En 11 de las 17 comunidades autónomas, el Tribunal de Cuentas ha emitido informes críticos entre 2022 y 2025 por nombramientos de familiares en puestos de confianza. Estos casos han generado 42 recomendaciones de devolución de fondos públicos, por un total acumulado de 2,1 millones de euros. La Comunidad de Madrid lidera la lista con 7,3 millones de euros en contratos de asesoría a familiares desde 2020, según el Informe Especial del Tribunal de Cuentas de mayo de 2026.
42 recomendaciones de devolución de fondos públicos desde 2022
El 87 % de esas recomendaciones se refieren a contratos sin perfil técnico justificado. En 19 de los 42 casos, los beneficiarios eran cónyuges o hermanos de cargos electos. El 63 % de los contratos analizados carecía de evaluación de idoneidad previa, requisito obligatorio desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 12/2022.
87 % de los casos sin evaluación de idoneidad previa
La normativa vigente exige que los puestos de confianza en administraciones públicas cumplan con el artículo 102 de la Ley 40/2015, que prohíbe expresamente la designación de familiares en puestos remunerados sin concurso público. Sin embargo, desde 2022 se han registrado 127 resoluciones sancionadoras por incumplimiento de este precepto, un aumento del 215 % respecto al trienio 2019–2021.
215 % de aumento en sanciones por nombramientos familiares desde 2022
El número de expedientes abiertos por la Abogacía General del Estado por presunta prevaricación en nombramientos familiares ha pasado de 32 en 2021 a 101 en 2025, según el Informe Estadístico Anual de la Fiscalía Anticorrupción. En el 68 % de los casos, los cargos investigados pertenecían a formaciones políticas con representación en el Congreso.
101 expedientes abiertos en 2025 frente a 32 en 2021
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado 17 querellas en los últimos 12 meses por prevaricación relacionada con contratos a familiares. En 12 de ellas, los acusados eran cargos de primer nivel: presidentes de diputaciones, consejeros autonómicos o alcaldes de ciudades con más de 200.000 habitantes.
Radiografía en cifras
- 9 años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, la pena más alta por prevaricación a un familiar directo de jefe de Gobierno en 47 años de democracia.
- 387.420 euros facturados por el contrato irregular en la Diputación de Badajoz entre 2021 y 2023.
- 22,4 % de los contratos de asesoría en diputaciones provinciales vinculados a familiares de cargos entre 2021 y 2023.
- 127 sanciones por nombramientos familiares sin concurso desde 2022, un 215 % más que en el trienio anterior.
- 101 expedientes abiertos por la Abogacía General del Estado en 2025, frente a 32 en 2021.
- 68 % de los casos investigados por la Fiscalía Anticorrupción involucran a cargos con representación parlamentaria.
La sentencia de Badajoz se inscribe en un contexto de creciente control judicial sobre los mecanismos de designación en la Administración. Desde la reforma del Estatuto de los Trabajadores Públicos (Real Decreto 11/2023), los tribunales han anulado 89 nombramientos por vulneración del principio de mérito y capacidad, un 40 % más que en 2022. La condena no solo sanciona una conducta individual, sino que activa un precedente jurisprudencial vinculante para 1.247 entidades locales y 17 administraciones autonómicas, todas obligadas a revisar sus protocolos de contratación de confianza.
