El 25 d’Abril en la Comunitat Valenciana no es una conmemoración histórica de 1974, sino una jornada de movilización ciudadana con raíces locales, profundidad cultural y proyección política. Cada año, miles de personas llenan las calles de València bajo lemas como “Davant les agressions, som la força del país”. La fecha simboliza resistencia frente a lo que los organizadores identifican como amenazas sistémicas: erosión lingüística, precariedad habitacional, desprotección ambiental y retrocesos en derechos LGTBI y feministas.
¿Qué representa el 25 d’Abril para la sociedad valenciana?
El 25 d’Abril es una fecha recuperada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) como símbolo de soberanía cultural y autodeterminación democrática. No remite al proceso portugués, sino que se reinterpreta como un acto de afirmación colectiva. Su significado se construye desde la práctica: desde la defensa del valencià como lengua viva hasta la exigencia de políticas públicas con perspectiva territorial.
La manifestación no es un evento aislado. Es el punto de convergencia de luchas que se desarrollan en barrios, aulas, salas de ensayo y tribunales. Su fuerza radica en su tridimensionalidad: cultural (recuperación del patrimonio lingüístico), económica (crítica al modelo inmobiliario especulativo) y legal (exigencia de cumplimiento de la Llei de Normalització Lingüística y la Llei de Drets LGTBI).
¿Cuáles son las principales reivindicaciones del movimiento?
Las demandas van más allá de lo simbólico. La ACPV exige medidas concretas en tres ejes clave:
Vivienda y juventud
La crisis habitacional afecta de forma desproporcionada a jóvenes valencianohablantes. La organización denuncia la falta de pisos protegidos en valencià y la ausencia de políticas de arrendamiento accesible con criterios lingüísticos y sociales.
Lengua y educación
Se reclama la plena aplicación de la normalització lingüística en la enseñanza, la sanidad y la administración. No se trata solo de uso, sino de garantizar que el valencià tenga estatus funcional equivalente al castellano en todos los ámbitos públicos.
Medio ambiente y territorio
La defensa del litoral valenciano, los humedales y los espacios agrícolas se articula como una lucha contra la especulación urbanística. Proyectos como la ampliación del puerto de València o la urbanización de zonas protegidas son señalados como agresiones al territorio.
¿Cómo se articula el marco legal y político actual?
El 25 d’Abril se celebra en un contexto de tensión institucional. Aunque la Generalitat Valenciana ha aprobado leyes progresistas en materia lingüística y de derechos, su implementación es desigual. La Llei de Drets LGTBI (2023) y la Llei de Canvi Climàtic (2024) están aún en fase de desarrollo reglamentario. Mientras tanto, los tribunales han anulado medidas locales por falta de cobertura normativa, evidenciando una brecha entre legislación y ejecución.
Además, el Estatut d’Autonomia sigue sin reconocer explícitamente el valencià como lengua propia con plenos derechos. Esto limita la capacidad de la Generalitat para impulsar políticas de fomento sin dependencia de acuerdos con el Estado central.
¿Cuál es el impacto económico de la movilización?
La manifestación no es solo política: es un indicador de capital social con retorno económico. El tejido cultural valenciano genera más del 3,2 % del PIB regional, según el Institut Valencià de Cultura (2025). Sin embargo, su financiación pública ha caído un 18 % desde 2022. La movilización exige una inversión estratégica en industrias culturales, editoriales en valencià y formación artística bilingüe.
La defensa del territorio también tiene peso económico: el turismo sostenible basado en el patrimonio natural y cultural representa el 22 % de los ingresos turísticos de la Comunitat. Su degradación por proyectos insostenibles implica pérdidas directas en empleo y renta local.
Datos Clave
- Más de 12.000 personas participaron en la manifestación del 25 d’Abril 2026 en València, según estimaciones de la ACPV.
- El valencià es lengua materna del 34,7 % de la población valenciana, pero solo se usa en el 19,2 % de los hogares (Enquesta d’Usos Lingüístics, 2025).
- La tasa de pobreza juvenil en la Comunitat Valenciana es del 31,4 %, la segunda más alta de España (INE, 2025).
- El 68 % de los proyectos de vivienda protegida aprobados en 2025 no incluyen requisitos de uso lingüístico ni prioridad para familias valencianohablantes.
- La Generalitat ha destinado solo el 0,8 % de su presupuesto 2026 a políticas de normalització lingüística, lejos del 3 % recomendado por el Consell Valencià de Cultura.
