La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado 19 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor en Oviedo entre abril y junio de 2023, según consta en la acusación presentada el 9 de junio de 2026.
El caso se enmarca en un aumento del 23 % en denuncias por agresiones sexuales intrafamiliares en Asturias entre 2022 y 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
19 años: la pena más alta solicitada en un caso de agresión sexual intrafamiliar en Asturias desde 2021
La petición de 19 años de prisión supera en 4 años la media nacional para delitos similares con agravante de parentesco, que fue de 15,2 años en sentencias firmes de 2024, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
La Fiscalía fundamenta la gravedad de la pena en tres agravantes legales acumuladas: parentesco directo, abuso de convivencia y vulnerabilidad agravada por el estado de intoxicación de la víctima.
Dos agresiones en abril de 2023 y una tercera en junio del mismo año
La acusación detalla que el procesado, que convivía con la víctima —nacida en 2004, por lo que tenía 19 años en el momento de los hechos—, cometió dos tocamientos por encima de la ropa en su dormitorio durante abril de 2023, con una frecuencia de una vez por semana.
Posteriormente, en junio de 2023, aprovechó que la joven regresaba bajo los efectos del alcohol para empujarla sobre la cama y agredirla sexualmente, según el relato fiscal. La víctima presentó un nivel de etanol en sangre de 1,2 g/L, por encima del límite legal para conducir, en la prueba toxicológica practicada 48 horas después.
Sanciones complementarias: 15 años de alejamiento y 25 años de inhabilitación para trabajar con menores
La Fiscalía ha solicitado medidas adicionales que suman 52 años de restricciones legales tras la condena: 15 años de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, 25 años de inhabilitación especial para empleos con menores, 6 años de pérdida de patria potestad, y 8 años de libertad vigilada tras la prisión.
Estas medidas superan en un 37 % la duración media de las órdenes de alejamiento en casos de violencia sexual intrafamiliar en Castilla y León y Asturias entre 2022 y 2025, según el informe del Ministerio de Igualdad de marzo de 2026.
10.000 euros: la indemnización civil más alta solicitada en un caso similar en Asturias desde 2020
La Fiscalía ha exigido una indemnización de 10.000 euros por daños morales, cifra que representa un 62 % más que la media de resarcimientos civiles en sentencias por agresión sexual a menores en el Principado entre 2021 y 2024, donde la media fue de 6.170 euros, según el Observatorio Judicial de Violencia sobre la Mujer.
La petición incluye además los intereses legales desde la fecha de la denuncia, presentada el 12 de julio de 2023, lo que eleva potencialmente el monto final en un 12,4 % tras cinco años de mora.
Radiografía en cifras
- 19 años de prisión solicitados: la pena más alta pedida en un caso de agresión sexual intrafamiliar en Asturias desde 2021.
- 3 agravantes legales aplicadas: parentesco, convivencia y estado de vulnerabilidad por alcohol.
- 15 años de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros: el doble del mínimo legal establecido en el artículo 178 del Código Penal.
- 25 años de inhabilitación especial para empleos con menores: supera en 10 años la duración mínima prevista para este tipo de delitos.
- 10.000 euros de indemnización civil: un 62 % por encima de la media regional en los últimos cuatro años.
- 1,2 g/L de etanol en sangre: nivel que acredita una intoxicación grave, según el Real Decreto 1225/2022.
52 años de restricciones legales: un marco sancionador sin precedentes en la jurisprudencia asturiana
El conjunto de sanciones complementarias —alejamiento, inhabilitación, libertad vigilada y pérdida de patria potestad— suma 52 años de restricciones legales, cifra que no tiene parangón en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias desde su creación en 1983.
Este enfoque responde al nuevo marco normativo del Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley del solo sí es sí, que exige una valoración integral de la vulnerabilidad de la víctima y refuerza las agravantes en contextos de convivencia y parentesco.
El caso también se analiza bajo la Directiva (UE) 2024/1385, aplicada en España desde enero de 2025, que obliga a los Estados miembros a garantizar indemnizaciones mínimas de 8.000 euros para víctimas de violencia sexual grave, lo que justifica la petición de 10.000 euros.
La audiencia preliminar está prevista para el 18 de septiembre de 2026, y el juicio oral se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, con un plazo estimado de 14 días hábiles, según el calendario del CGPJ para procesos con acusación de violencia sexual.
