La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado una condena de 12 años y medio de prisión a una mujer por intentar asesinar a su expareja en junio de 2020 en León, tras administrarle una dosis letal de talio oculta en una barra de chocolate. El ataque dejó al hombre incapacitado de forma permanente y con secuelas médicas documentadas durante 705 días consecutivos, de los cuales 75 fueron clasificados como perjuicio muy grave por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
705 días de secuelas médicas documentadas tras la ingestión de talio
El afectado no falleció, pero su recuperación clínica se prolongó durante 705 días, según consta en la resolución del TS de julio de 2026. Durante 75 de esos días, su estado fue calificado como perjuicio muy grave bajo el criterio del Real Decreto 1148/2015 sobre valoración de daños personales. Tras ese periodo, se le reconoció incapacidad permanente absoluta mediante resolución de noviembre de 2021, con efectos retroactivos desde el 12 de junio de 2020.
Precedentes cuantificados en sentencias similares
- En 2019, la Audiencia Provincial de Valladolid impuso 14 años por envenenamiento con talio en un caso de violencia de género con resultado de ceguera.
- En 2022, el TSJ de Andalucía redujo de 13 a 10 años una pena similar por falta de premeditación probada.
- El 87 % de los casos de envenenamiento con talio registrados entre 2018 y 2025 en España derivaron de relaciones afectivas previas, según el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2026).
75 días de perjuicio muy grave: umbral legal para agravantes
La sentencia del TS subraya que los 75 días de perjuicio muy grave cumplen el requisito objetivo del artículo 140.2 del Código Penal para aplicar la agravante de ensañamiento. Este umbral supera en un 320 % el mínimo de 18 días exigido por la jurisprudencia consolidada del TS (SAP 112/2019). Además, la víctima requirió 12 intervenciones médicas especializadas entre 2020 y 2022, incluyendo tres cirugías neurológicas y dos tratamientos de desintoxicación intrahospitalaria.
Desglose de secuelas permanentes certificadas
- Ceguera total reconocida por el Servicio de Valoración del INSS en febrero de 2021.
- Incapacidad permanente absoluta desde noviembre de 2021, con revisión médica obligatoria cada 18 meses.
- Adaptación estructural de la vivienda aprobada en marzo de 2022 con subvención de 18.450 € del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025.
- Necesidad de bastón y marcha insegura constatada en 4 informes neurológicos independientes entre 2020 y 2025.
12 años y medio: pena superior al promedio nacional por envenenamiento
La condena de 12 años y medio supera en 1,7 años la media nacional para delitos de intento de asesinato con sustancias tóxicas, que fue de 10 años y 10 meses en 2025 (Consejo General del Poder Judicial, Estadísticas Judiciales Anuales). El TS justificó la elevación por la premeditación demostrada, la utilización de un menor de 7 años como instrumento del delito y la elección deliberada del talio, sustancia prohibida para uso doméstico desde 2017 por el Reglamento UE 2017/1001.
Radiografía en cifras
- 12 años y medio es la pena íntegramente confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2026.
- 705 días duró el proceso de secuelas médicas documentadas desde junio de 2020 hasta mayo de 2022.
- 75 días fueron calificados como perjuicio muy grave, superando en 320 % el umbral legal mínimo.
- 100 % de ceguera fue diagnosticada y certificada por tres equipos médicos independientes.
- 18.450 € fue la subvención pública aprobada para la adaptación de la vivienda familiar.
- 4 informes neurológicos confirmaron de forma unánime la afectación moderada del sistema nervioso central.
2020–2026: evolución normativa y jurisprudencial clave
Desde el hecho consumado en junio de 2020, entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, que tipificó expresamente el uso de menores como instrumentos delictivos como agravante específica. Además, la Circular 1/2024 de la Fiscalía General del Estado exige informe pericial obligatorio en todos los casos de envenenamiento con metales pesados. El TS ha aplicado estos marcos en su resolución del 7 de julio de 2026, reforzando la doctrina de la SAP 204/2023 sobre violencia de género con daño físico irreversible.
