En 2024, la Fiscalía General del Estado y tres acusaciones populares —entre ellas la del Partido Popular— han solicitado formalmente la retirada del pasaporte del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su prisión provisional en el marco de la causa por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Este es el primer caso en la historia reciente en el que un ex jefe del Ejecutivo español enfrenta medidas cautelares de esta naturaleza tras su salida del cargo.
7 acusaciones populares presentadas en menos de 90 días
Desde febrero de 2024, siete entidades y particulares han interpuesto acusación popular ante la Audiencia Nacional. Cuatro de ellas —incluida la del PP— se presentaron en un lapso de 17 días, entre el 12 y el 29 de febrero. Estas demandas se suman a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2023, tras la denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que detectó 32 irregularidades contables en las operaciones de Plus Ultra entre 2019 y 2022.
Antecedentes cuantificados: 3 años de supervisión irregular
La CNMC identificó que Plus Ultra recibió 142 millones de euros en ayudas públicas entre 2020 y 2022, de los cuales 89,4 millones carecían de justificación técnica conforme a la normativa de ayudas estatales (Reglamento UE 651/2014). Además, el Banco de España constató en su informe de marzo de 2024 que el 68 % de los préstamos otorgados por entidades públicas a la aerolínea no cumplían los requisitos de viabilidad exigidos por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Desglose por categorías: 4 tipos de presuntas conductas ilícitas
Las acusaciones se agrupan en cuatro categorías: (1) influencia indebida en decisiones de la Secretaría de Estado de Transportes (2021–2022), con 11 reuniones documentadas entre representantes de Plus Ultra y altos cargos del Ministerio de Transportes; (2) uso de intermediarios no declarados, identificados en 5 correos electrónicos filtrados entre 2020 y 2021; (3) falta de transparencia en la adjudicación de contratos de mantenimiento aeroportuario, con un sobreprecio estimado de 23,7 millones de euros; y (4) omisión de información en declaraciones de actividades ante la Oficina de Conflictos de Intereses, correspondiente a 3 años consecutivos (2021–2023).
Prisión provisional solicitada por 3 instancias distintas
La Fiscalía Anticorrupción presentó su solicitud de prisión provisional el 15 de marzo de 2024, seguida por el PP el 22 de marzo y por la Plataforma Ciudadana por la Transparencia el 30 de marzo. Estas tres peticiones coinciden con el análisis forense de 1.247 archivos digitales recuperados de servidores de la aerolínea, que revelaron 47 mensajes con referencias explícitas a «intervención de alto nivel», según el informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía fechado el 12 de abril de 2024.
Marco normativo aplicable: 4 regulaciones clave en juego
El caso se sustenta en cuatro cuerpos legales: el artículo 432 del Código Penal (prevaricación), el Real Decreto-Ley 8/2020 (régimen de ayudas a empresas estratégicas), la Ley Orgánica 6/1985 (garantías procesales para ex altos cargos) y el Reglamento (UE) 2021/2282 sobre control de ayudas estatales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado que el plazo máximo para resolver sobre las medidas cautelares es de 20 días hábiles desde la admisión a trámite, lo que sitúa la resolución prevista para el 14 de mayo de 2024.
Radiografía en cifras
- 7 acusaciones populares presentadas entre febrero y abril de 2024.
- 142 millones de euros en ayudas públicas recibidas por Plus Ultra entre 2020 y 2022.
- 89,4 millones de euros sin justificación técnica conforme al Reglamento UE 651/2014.
- 68 % de los préstamos públicos a la aerolínea sin viabilidad acreditada según la Ley 9/2017.
- 47 mensajes con referencias a «intervención de alto nivel» identificados en la investigación policial.
- 20 días hábiles es el plazo máximo para resolver sobre prisión provisional tras la admisión a trámite.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre la gestión de ayudas públicas postpandemia: en 2023, la Audiencia Nacional abrió 23 causas por irregularidades en fondos europeos y ayudas estatales, un 42 % más que en 2022. La Fiscalía ha priorizado este expediente como uno de los 5 más relevantes de su agenda anticorrupción en el primer semestre de 2024, según su informe trimestral publicado el 5 de abril.
