La red eléctrica española no está saturada físicamente. Lo que sí existe es una saturación contractual: 90.000 MW con permisos de acceso no están siendo utilizados. Esto distorsiona la planificación energética, frena la integración de nuevas renovables y encarece la inversión. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica están actuando con medidas regulatorias concretas y verificables.
¿Qué significa saturación contractual de la red eléctrica?
La saturación contractual no implica que la red esté físicamente colapsada. Significa que hay más potencia con derecho de acceso concedido que la que realmente se conecta o utiliza.
Esto genera una falsa percepción de escasez. Las empresas eléctricas invocan esa saturación para justificar nuevas infraestructuras costosas. Pero los datos lo desmienten: el pico de demanda en diciembre de 2025 fue de 38.376 MW, muy por debajo del máximo histórico de 45.450 MW registrado en diciembre de 2007.
El acaparamiento verde
Cani Fernández, presidenta de la CNMC, ha calificado como acaparamiento verde la acumulación de permisos de acceso sin conexión efectiva. Estos permisos se otorgan tras solicitudes de conexión, pero muchos proyectos nunca se construyen o se retrasan años.
Esto bloquea capacidad real para nuevos proyectos viables, especialmente para energías renovables distribuidas, almacenamiento y consumidores industriales flexibles.
¿Qué medidas regulatorias se están aplicando?
El Gobierno y la CNMC han lanzado una doble estrategia: normativa y operativa.
El Real Decreto-ley 7/2026 introduce cláusulas de caducidad para permisos de acceso no ejecutados. Si un proyecto no se conecta en plazos definidos, pierde su derecho de acceso. Esto libera capacidad para nuevos actores.
Por su parte, la CNMC ha aprobado la Circular 1/2024 de Acceso de la Demanda, que introduce el concepto de capacidad flexible. Esta permite a los consumidores con capacidad de modulación —como fábricas con sistemas de gestión energética o instalaciones con baterías— ofrecer flexibilidad al sistema, reduciendo su demanda en momentos críticos.
Supervisión focalizada
La CNMC ha intensificado su supervisión sobre el uso real de la red. No se trata de auditorías genéricas, sino de análisis puntuales de proyectos con permisos antiguos y baja tasa de ejecución. Esto permite identificar casos de bloqueo injustificado y activar mecanismos de revisión.
¿Cuál es el impacto económico de la saturación contractual?
El acaparamiento verde tiene costes reales para la economía española:
- Retrasa la entrada de 3.200 MW de nueva potencia renovable en proceso de conexión.
- Aumenta el coste de la transición energética: cada MW de infraestructura nueva cuesta entre 800.000 y 1,2 millones de euros.
- Desincentiva la inversión en almacenamiento energético, clave para la estabilidad del sistema.
- Genera incertidumbre regulatoria para emprendedores energéticos y PYMEs con proyectos de autoconsumo industrial.
La liberación de capacidad podría acelerar la descarbonización sin aumentar la factura eléctrica.
¿Qué marco legal regula el acceso a la red hoy?
El acceso a la red está regulado por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y desarrollado por el Real Decreto 1955/2000. Pero el Real Decreto-ley 7/2026 y la Circular 1/2024 son los instrumentos más recientes y vinculantes.
La Circular 1/2024 establece plazos obligatorios para la conexión efectiva, define los criterios de priorización técnica y reconoce formalmente la capacidad flexible como un servicio de red. Esto abre la puerta a nuevos modelos de negocio: agregadores de demanda, servicios de respuesta a la demanda y comercializadoras especializadas en eficiencia.
Datos Clave
- El pico de demanda en diciembre de 2025 fue de 38.376 MW, frente a los 45.450 MW de diciembre de 2007.
- Hay 90.000 MW con permisos de acceso no utilizados.
- El Real Decreto-ley 7/2026 establece caducidad automática de permisos no ejecutados.
- La Circular 1/2024 introduce la capacidad flexible como servicio regulado.
- La CNMC aplica supervisión focalizada sobre proyectos con más de 3 años de retraso en conexión.
La saturación de la red eléctrica en España es, sobre todo, un problema de gestión y gobernanza. No de capacidad física. Corregirlo exige transparencia en los permisos, exigencia en los plazos y reconocimiento técnico de la flexibilidad como activo del sistema. Esto no solo mejora la eficiencia: impulsa la innovación, reduce costes y fortalece la soberanía energética.
