La reciente propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la nueva metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) para las inversiones en redes eléctricas ha generado un intenso debate en el sector. Este documento, que ha sido enviado al Consejo de Estado para su evaluación, plantea un cambio significativo en la forma en que se gestionan y remuneran las inversiones en el sector eléctrico en España. Sin embargo, la falta de consenso entre los miembros del regulador y las críticas de algunos consejeros sugieren que la implementación de esta nueva metodología podría no ser tan sencilla como se esperaba.
La propuesta de la CNMC busca sustituir el actual esquema que diferencia entre inversiones (CAPEX) y gastos operativos (OPEX) por un modelo conocido como TOTEX, que agrupa ambos tipos de costes. Este cambio se implementaría en dos fases: un periodo inicial entre 2026 y 2028, donde se mantendría un enfoque continuista, seguido de una transición completa al modelo TOTEX entre 2029 y 2031. La retribución para las empresas eléctricas se fijaría en un 6,58% durante los próximos seis años, un incremento respecto al 6,46% propuesto anteriormente, pero aún por debajo del 7,5% que las eléctricas habían solicitado.
### La Controversia en Torno a la Tasa de Retribución
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la discrepancia entre los miembros de la CNMC. Dos consejeros, María Jesús Martín y Josep María Salas, han expresado su desacuerdo con la metodología propuesta, argumentando que la tasa de retribución no refleja adecuadamente el riesgo que enfrentan las empresas distribuidoras bajo el nuevo esquema. Salas, en particular, ha señalado que la circular aplica un mismo parámetro de riesgo a actividades que, en su opinión, presentan niveles de incertidumbre muy diferentes. Mientras que la retribución para el transporte eléctrico, gestionado por Red Eléctrica, se mantiene estable, las distribuidoras enfrentan un nuevo esquema que podría aumentar su riesgo financiero.
La crítica se centra en que el modelo TOTEX, al combinar inversiones y costes operativos, introduce un nivel de riesgo que no estaba presente en el modelo anterior. Esto es especialmente relevante dado que parte de la retribución de las distribuidoras dependerá del crecimiento de la demanda eléctrica. Salas argumenta que este enfoque podría resultar en un «incremento de riesgo no despreciable» para las empresas distribuidoras, lo que podría desincentivar la inversión en infraestructuras necesarias para la transición energética.
Por su parte, María Jesús Martín también ha expresado su preocupación por la forma en que se aplicarán los ajustes de eficiencia operativa en el nuevo modelo. Aunque reconoce el valor de vincular las inversiones a la demanda para evitar que un exceso de inversión encarezca la factura eléctrica para los consumidores, advierte que los ajustes propuestos podrían ser excesivos. Esto podría llevar a una reducción de la remuneración para las eléctricas, desincentivando su capacidad para realizar inversiones necesarias en la red eléctrica.
### Implicaciones para el Futuro del Sector Eléctrico
La propuesta de la CNMC tiene como objetivo final fomentar la electrificación de la economía y garantizar que las distribuidoras adopten soluciones más eficientes, como redes inteligentes y mecanismos de flexibilidad. Sin embargo, el éxito de esta metodología dependerá en gran medida de cómo se implementen los ajustes propuestos y de la capacidad del regulador para equilibrar los intereses de los consumidores y las empresas eléctricas.
La preocupación por el impacto en las tarifas eléctricas es un tema recurrente en el debate sobre la regulación del sector. Los consumidores son quienes finalmente asumen el coste de las inversiones a través de los peajes del sistema, y cualquier aumento en los costes podría repercutir negativamente en su factura eléctrica. Por lo tanto, es crucial que la CNMC encuentre un equilibrio que permita a las distribuidoras realizar las inversiones necesarias sin trasladar un aumento significativo de costes a los consumidores.
El Consejo de Estado tiene la responsabilidad de evaluar la propuesta de la CNMC y decidir si se realizarán cambios antes de que sea enviada al Gobierno para su aprobación final. La posibilidad de que se tomen en cuenta las sugerencias de los consejeros disidentes podría influir en la forma en que se implementará la nueva metodología y en su impacto en el sector eléctrico en los próximos años.
A medida que el sector eléctrico se enfrenta a desafíos significativos, como la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y la necesidad de modernizar la infraestructura existente, la regulación adecuada será fundamental para garantizar un equilibrio entre la inversión necesaria y la protección del consumidor. La propuesta de la CNMC representa un paso importante en este proceso, pero su éxito dependerá de la capacidad de los reguladores para adaptarse a las realidades del mercado y a las necesidades de todos los actores involucrados.
