El Gobierno ha aprobado el indulto a ‘Las Seis de la Suiza’, un grupo de sindicalistas condenados por defender los derechos laborales de una compañera en un caso de acoso sexual y laboral. Su liberación marca un punto de inflexión en la protección de la acción sindical en España.
¿Por qué se concedió el indulto a Las Seis de la Suiza?
El indulto fue aprobado por el Consejo de Ministros tras una intensa presión social y una clara postura del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las seis personas —cinco mujeres y un hombre— pertenecen a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fueron condenadas en julio de 2025 a tres años y medio de prisión por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia.
Su acción se produjo en defensa de una compañera embarazada que denunció acoso en una pastelería de Gijón. El propietario se negó a permitirle abandonar su puesto pese a su estado de salud. La respuesta colectiva —incluida la presencia de su pareja y la alteración de un frigorífico— fue calificada por la justicia como coacción.
¿Qué dice la ley sobre la acción sindical en casos de acoso laboral?
La Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce el derecho a la defensa colectiva de los derechos laborales. Sin embargo, no establece límites claros entre la presión legítima y la coacción penal. El caso puso en evidencia una brecha entre la práctica sindical y la interpretación judicial.
El marco legal actual es ambiguo
- No existe una figura específica de protección sindical reforzada ante acoso sexual.
- La jurisprudencia no distingue siempre entre defensa individual y acción colectiva legítima.
- El Código Penal castiga las coacciones sin considerar el contexto de vulnerabilidad laboral.
¿Cuál es el impacto económico y social del indulto?
El indulto no es solo un acto de clemencia: es una señal política sobre prioridades laborales. En un contexto de creciente precariación laboral y aumento de denuncias por acoso, la decisión refuerza la confianza en los canales de defensa colectiva.
Empresas y sindicatos deben reevaluar sus protocolos
- Las empresas enfrentan mayor presión para implementar protocolos de acoso efectivos.
- Los sindicatos recuperan margen para actuar sin temor a represalias penales.
- Se incrementa la exigencia de formación jurídica sindical para evitar desbordamientos legales.
¿Qué rol juega la economía social en esta decisión?
El Ministerio de Trabajo y Economía Social lideró la propuesta. Esto refleja una apuesta por la economía social como eje de cohesión: cooperativas, asociaciones y sindicatos no son meros actores, sino pilares de la gobernanza laboral.
Datos Clave
- Las seis personas ingresaron en la cárcel de Villabona el 10 de julio de 2025.
- Obtuvo el tercer grado el 18 de julio, lo que permitió su salida del régimen cerrado.
- La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunió con ellas en Asturias y prometió impulsar la medida de gracia.
- El indulto no anula la condena, pero sí suspende la ejecución de la pena.
- El caso se remonta a hechos ocurridos el 15 de junio de 2015, con una sentencia emitida siete años después.
La decisión se inscribe en un contexto tridimensional: jurídico (ambigüedad normativa), económico (presión por mejorar condiciones en pymes y sectores vulnerables) y social (revalorización del sindicalismo como mecanismo de justicia laboral). No se trata de justificar la violencia, sino de reconocer que la defensa de derechos fundamentales no debe criminalizarse. La acción sindical legítima requiere marcos legales adaptados, no sanciones desproporcionadas. La economía social no prospera bajo la represión, sino bajo la garantía de derechos. El indulto es un primer paso. El siguiente es reformar la ley.
