La Generalitat de Catalunya, bajo la dirección del presidente Salvador Illa, ha puesto en marcha un ambicioso plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta el año 2030. Este proyecto, que se anunció hace un año, ha entrado en una fase crucial con la salida a concurso de los primeros solares y la compra directa de inmuebles a fondos de inversión y bancos. En el primer año de ejecución, el Govern ha logrado adquirir 1.800 pisos a entidades como Cerberus e InmoCaixa, además de contar con 4.000 inmuebles en producción por parte del Incasòl y otros 3.000 gestionados por los ayuntamientos con fondos de Next Generation. Esto representa un avance del 18% en el objetivo de viviendas disponibles o en construcción en el primer año del plan.
En las próximas semanas, la Generalitat tiene previsto lanzar a concurso los primeros lotes para la edificación de vivienda asequible en solares públicos, lo que constituye el núcleo del plan. Se estima que a partir de 2026 se podrían iniciar los trámites para construir 22.241 pisos, de los cuales un 65% ya cuenta con promotor. Sin embargo, aún quedan pendientes otros 18.959 inmuebles para alcanzar el total de 50.000 viviendas comprometidas para 2030. Aunque algunos expertos del sector consideran que la fecha límite es arriesgada, valoran positivamente que el proceso esté en marcha.
Una parte del sector había interpretado inicialmente que las 50.000 viviendas serían de nueva construcción, pero el Departament de Territori i Habitatge ha aclarado que también se incluyen los inmuebles adquiridos mediante el derecho de compra preferente. Esto significa que el plan incorpora viviendas que ya estaban habitadas, pero que ahora pasan a estar bajo la gestión pública de forma permanente. Por ejemplo, la Generalitat ha comprado 743 pisos a Cerberus por 72 millones de euros, muchos de los cuales ya estaban en el programa Reallotgem, donde la Administración cubre un porcentaje del alquiler al propietario. Ahora, la Generalitat se convierte en la propietaria de estos inmuebles.
El sector privado se muestra optimista respecto al desarrollo del programa de vivienda. Los líderes de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) confían en que los primeros lotes de solares de la Generalitat salgan a concurso a principios de año. Xavier Vilajoana, presidente de los promotores catalanes, ha señalado que el Govern está avanzando sobre el suelo que ya tenía identificado. Una vez que se adjudique la construcción de los solares, se estima que se necesitarán entre dos y tres años para completar las primeras promociones.
Sin embargo, el horizonte del 2030 plantea incertidumbres. Vilajoana ha expresado que es preferible no centrarse en las fechas, sino en el hecho de que el proceso está en marcha. Existen numerosos factores que no dependen directamente del Govern, como las licencias urbanísticas, lo que hace arriesgado establecer una fecha concreta para alcanzar el objetivo. A pesar de esto, el Govern aún no ha hecho públicos los detalles del concurso para adjudicar los solares, aunque se espera que se licite una primera remesa a principios de año con lotes de unas 400 viviendas. En total, se movilizarán solares que se encuentran en fases avanzadas para construir entre 1.500 y 1.800 pisos.
Los contratos que se licitarán podrían ser de un tamaño demasiado grande para el tejido empresarial en Catalunya, lo que ha generado cierta preocupación en el sector. Lluís Moreno, máximo responsable de los constructores, ha señalado que la movilización de los solares para las 50.000 viviendas públicas debe ser solo un primer paso. Actualmente, Catalunya enfrenta un déficit de aproximadamente 300.000 viviendas, y la demanda sigue en aumento. Por lo tanto, es crucial que se movilice todo el suelo disponible para cumplir con el plan de levantar 210.000 viviendas públicas y privadas que recientemente ha anunciado el presidente Illa.
Montserrat Junyent, presidenta de la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, también ha valorado la iniciativa, pero ha pedido un marco legal estable que genere certidumbre para alcanzar los objetivos. Junyent defiende la creación de un pacto transversal por la vivienda que involucre a todos los actores del sector.
A pesar de la necesidad de generar más vivienda, esta visión ha empezado a ser cuestionada por algunos expertos. Un estudio reciente de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), presentado por el Ministerio de Vivienda, sostiene que no existe un grave déficit de viviendas y que las políticas de oferta no son la solución al encarecimiento de precios. Durante la burbuja inmobiliaria, se construyeron numerosas viviendas, pero los precios continuaron aumentando. Por lo tanto, los investigadores Blanca Arellano y Josep Roca argumentan que el verdadero desafío radica en la construcción de vivienda social y en el control de rentas para enfriar el mercado.
En resumen, el plan de la Generalitat para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 está en marcha, pero enfrenta desafíos significativos. La compra de inmuebles a fondos de inversión y la movilización de solares son pasos importantes, pero el sector también señala la necesidad de un enfoque más integral que incluya la regulación del mercado de alquiler y la construcción de vivienda social. A medida que se avanza en este ambicioso proyecto, será crucial mantener un diálogo abierto entre el Govern, el sector privado y la sociedad civil para garantizar que se logren los objetivos propuestos y se aborden las necesidades habitacionales de la población.
