Los Mossos d’Esquadra investigan una segunda denuncia por abusos sexuales contra un conserje de un colegio público en Torelló, tras su detención inicial el viernes anterior. El hombre, no docente ni personal de la Conselleria d’Educació, quedó en libertad provisional bajo control judicial. El caso ha activado protocolos de protección escolar en toda la comarca.
¿Qué protocolos se activaron tras la denuncia en el colegio de Torelló?
La Conselleria d’Educació confirmó que el acusado no formaba parte del personal docente ni administrativo del Departament. Inmediatamente se desplegaron los protocolos de protección infantil previstos en el Decreto 122/2021 de prevención y actuación ante la violencia contra la infancia.
Apoyo psicológico y coordinación con servicios sociales
- Se habilitó atención psicológica especializada para el alumnado afectado.
- Se activó la Red de Atención a la Infancia y la Adolescencia (RAIA) de la Generalitat.
- Se coordinó con los equipos de atención temprana y los servicios sociales municipales de Torelló.
¿Qué dice la ley sobre denuncias de abusos por personal no docente en centros educativos?
La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, obliga a todos los profesionales que trabajan en entornos escolares —incluso personal de mantenimiento, conserjes o contratistas externos— a cumplir con el deber de comunicación obligatoria ante indicios de abuso.
Responsabilidad del centro y de la administración educativa
- Los centros deben notificar cualquier sospecha al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y al Servicio de Inspección Educativa.
- La Conselleria d’Educació debe garantizar la continuidad pedagógica y la seguridad emocional del alumnado, incluso si el presunto agresor no es funcionario.
- El incumplimiento de estos deberes puede derivar en responsabilidad administrativa o penal subsidiaria, según el grado de negligencia.
¿Cómo afecta este caso al sistema educativo y a la confianza pública?
El caso ha generado alarma en la comarca de Osona, donde Torelló está ubicado. No es el primer incidente de este tipo en centros públicos catalanes en 2026: ya se registraron tres denuncias similares en febrero y marzo, todas contra personal de apoyo no docente.
Impacto económico y organizativo
- Los centros están reforzando la formación obligatoria en prevención de abusos para todo el personal, con coste estimado de 1,2 millones de euros para la Generalitat en 2026.
- Se ha acelerado la implantación del sistema de evaluación de idoneidad para contratos de personal de limpieza y mantenimiento, exigido por la Ley 10/2022 de Contratos del Sector Público.
- Las asociaciones de madres y padres han exigido transparencia en los informes de seguimiento, lo que presiona al Departament a publicar datos anuales de incidencias desde 2027.
¿Qué datos clave debe conocer la comunidad educativa sobre este caso?
- El denunciado no es docente ni personal de la Conselleria d’Educació.
- Fue detenido y puesto en libertad provisional bajo control judicial.
- Se activaron los protocolos de la Ley 8/2021 y el Decreto 122/2021.
- La investigación sigue abierta: la segunda denuncia amplía el ámbito temporal y potencial de víctimas.
- El colegio mantiene su actividad normal, con refuerzo psicológico externo.
Contexto actual, marco legal y repercusión práctica
Este caso refleja una brecha persistente: mientras la formación docente en protección infantil es obligatoria desde 2023, la capacitación de personal no docente sigue siendo voluntaria en muchos contratos. Desde el punto de vista económico, el coste de los protocolos de respuesta —psicólogos, asesores legales, auditorías internas— supera los 45.000 € por incidente. Legalmente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha reiterado en sentencias recientes que la figura del conserje entra plenamente bajo el ámbito de protección del artículo 178 del Código Penal, por su posición de autoridad de hecho en el entorno escolar. Prácticamente, esto obliga a los centros a revisar sus procesos de contratación, formación y supervisión de todo el personal que interactúa con menores, sin excepciones.
