En un contexto político marcado por la tensión entre diferentes fuerzas, los socialistas y ERC están ultimando un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña, que se espera sea formalizado el próximo 14 de julio. Este pacto es crucial, ya que implica la salida de la comunidad del régimen federal y el traspaso de la recaudación e inspección de impuestos que actualmente gestiona la Agencia Tributaria a la hacienda de la Generalitat.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha concedido un margen adicional a los socialistas para que presenten el acuerdo, enfatizando que lo más importante es que el contenido cumpla con lo pactado. Este acuerdo se enmarca dentro de las negociaciones que llevaron a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, donde ERC logró reivindicaciones históricas como la creación de una Hacienda propia y un modelo de financiación singular.
Desde la reactivación de las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat, se ha buscado acelerar los traspasos y concesiones que ERC y Junts obtuvieron durante las investiduras de los presidentes. A pesar de la falta de un acuerdo formal hasta el momento, tanto ERC como la Generalitat han hecho anuncios para asegurar que el pacto de financiación se cumplirá. Junqueras ha indicado que si el PSOE necesita más tiempo debido a sus problemas internos, puede tomarse ese tiempo, pero el contenido del acuerdo es lo que realmente importa.
El nuevo modelo de financiación busca equiparar a Cataluña con los territorios forales en términos de resultados a medio plazo. Esta demanda de acabar con el déficit fiscal ha sido una constante en el nacionalismo catalán, y algunos sectores han utilizado términos como «expolio» para describir el sistema actual. La frase «España nos roba» ha resonado en el discurso político catalán durante años, reflejando el descontento con la situación fiscal.
El PSC, por su parte, se ha visto obligado a cambiar su postura y aceptar un modelo de financiación «bilateral», a pesar de que en campañas anteriores había defendido un sistema de «Hacienda federal». Este modelo ya estaba contemplado en la reforma del Estatut de 2006, pero no se había desarrollado adecuadamente. Los expertos advierten que no es lo mismo un consorcio tributario donde ambas haciendas están representadas que un traspaso total de funciones de la Agencia Tributaria a la Generalitat.
Una de las principales demandas de ERC es el refuerzo de los activos de la Hacienda catalana, que actualmente solo gestiona los tributos propios y cedidos. El primer impuesto que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumirá será el IRPF, y su campaña de 2025 está en marcha. Sin embargo, tanto las fuerzas de derecha como los inspectores de Hacienda han expresado preocupaciones sobre las consecuencias de este cambio, advirtiendo que la ATC no cuenta con los recursos ni la tecnología necesaria, lo que podría aumentar el fraude fiscal.
Cualquier reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) deberá ser aprobada en el Congreso, lo que requerirá el apoyo de todas las formaciones que respaldaron la investidura de Illa, incluyendo a CHA, BNG y Compromís, que también exigen más recursos para sus territorios. Además, el apoyo de Junts será crucial, ya que aunque actualmente apoyan al gobierno de Sánchez en el Congreso, están en una oposición dura a nivel local y autonómico.
Junts ha dejado claro que utilizará su peso político en el Congreso, donde tienen siete escaños, para influir en el contenido del acuerdo. La tensión entre ERC y Junts podría llevar a que este último eleve sus demandas a cambio de facilitar la aprobación del texto, lo que añade una capa más de complejidad a las negociaciones en curso. A medida que se acercan las fechas clave, el futuro del pacto de financiación y su impacto en la política catalana sigue siendo incierto.
