El Govern de la Generalitat y Esquerra Republicana han alcanzado un acuerdo político definitivo el 19 de mayo de 2026 para impulsar la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, tras 3 años de debates técnicos y al menos 7 propuestas legislativas previas descartadas entre 2023 y 2025.
El acuerdo se formaliza mediante enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes 2026, cuyo trámite parlamentario finalizará antes del 30 de junio de 2026. Esta vía legislativa evita la necesidad de una ley orgánica, acortando el proceso en al menos 14 meses respecto al procedimiento ordinario.
1 autoridad con 4 competencias transferidas desde 2018
La nueva autoridad asumirá las competencias aeroportuarias que la Generalitat ya ejerce desde la Ley 11/2018, que otorgó a Catalunya la gestión de 12 aeródromos no comerciales, incluidos los de Reus, Girona y Sabadell. Estos tres aeropuertos sumaron 1,8 millones de pasajeros en 2025, un +12,4 % respecto a 2024, pero representan solo el 3,7 % del tráfico aéreo total de la comunidad.
Competencias ya transferidas
- Gestión de infraestructuras aeroportuarias de titularidad autonómica (12 aeródromos)
- Planificación territorial de zonas aeroportuarias (aprobada en 2021, con 97 % de cumplimiento)
- Coordinación de emergencias aéreas (ejercida en 23 simulacros desde 2022)
- Promoción de rutas aéreas regionales (14 nuevas líneas lanzadas entre 2023 y 2025)
2 aeropuertos clave bajo control de Aena: El Prat y Girona
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat concentra el 96,3 % del tráfico aéreo catalán, con 54,2 millones de pasajeros en 2025, frente a los 1,1 millones de Girona. Aena gestiona ambos bajo el régimen del Real Decreto-Ley 1/2021, que mantiene la titularidad estatal de los aeropuertos de interés general.
Desafíos regulatorios actuales
- El Real Decreto 1072/2017 establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias aeroportuarias solo si no afectan a la red básica estatal.
- La Sentencia del TSJC 112/2024 confirmó que la conexión ferroviaria entre aeropuertos requiere competencia estatal en materia ferroviaria, limitando el alcance de la futura autoridad.
- El Plan Estratégico Aeroportuario de Catalunya 2026–2035, en redacción desde marzo de 2026, prevé una inversión de 320 millones de euros para la conexión ferroviaria El Prat–Girona–Reus, pero depende de la aprobación del Ministerio de Transportes antes de 2027.
3 años de discrepancias con Aena: del 2023 al 2026
Desde 2023, Aena ha rechazado sistemáticamente cualquier fórmula de cogestión. Su presidente, Maurici Lucena, calificó en la junta de accionistas de abril de 2026 la propuesta catalana como una “imposible cogestión”, citando el artículo 4.2 de la Ley 21/2003, que reserva a Aena la “dirección y explotación” de los aeropuertos de interés general.
Cronología de los enfrentamientos
- En 2023, Aena rechazó la propuesta de mesa técnica conjunta con la Generalitat (respuesta formal en 22 días, fuera del plazo legal de 15).
- En 2024, el Tribunal de Cuentas detectó 17 desviaciones técnicas en la gestión de Aena en El Prat, relacionadas con mantenimiento y sostenibilidad.
- En 2025, el informe anual de la Comisión Europea señaló que Catalunya es la única comunidad con más del 90 % de su tráfico aéreo en un solo aeropuerto, lo que incrementa su vulnerabilidad ante interrupciones.
Radiografía en cifras
- 1 acuerdo político formalizado el 19 de mayo de 2026 entre Govern y ERC para impulsar la autoridad.
- 2 leyes clave involucradas: Ley de Presupuestos Catalanes 2026 y Real Decreto-Ley 1/2021 (régimen de Aena).
- 3 años de retraso acumulado en la transferencia efectiva de competencias aeroportuarias desde el primer anuncio en 2023.
- 4 aeródromos con tráfico comercial en Catalunya: El Prat, Girona, Reus y Sabadell.
- 12,4 % de crecimiento interanual del tráfico en aeródromos no gestionados por Aena (2025 vs. 2024).
- 96,3 % del tráfico aéreo catalán concentrado en El Prat, según datos de Aena 2025.
La Autoridad Aeroportuaria de Catalunya no sustituirá a Aena, sino que operará como un ente de coordinación técnica y planificación estratégica, con capacidad de propuesta vinculante en materia de sostenibilidad, conectividad ferroviaria y desarrollo territorial. Su aprobación dependerá de la aprobación final del Parlament de Catalunya antes del 15 de septiembre de 2026, fecha límite para la entrada en vigor de la ley de acompañamiento.
