El gasto en pensiones en España ha experimentado un notable incremento del 47% en los últimos siete años, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este aumento se ha visto impulsado principalmente por la revalorización de las pensiones en función del IPC, lo que ha llevado a un aumento significativo en la nómina mensual de prestaciones contributivas.
La Seguridad Social ha reportado que la nómina de prestaciones contributivas de agosto de 2025 asciende a 13.620 millones de euros, un 6,1% más que en el mismo mes del año anterior. Este monto es el doble de la revalorización que se llevó a cabo a principios de 2025. La paga media de las nuevas jubilaciones del régimen general se sitúa en 1.722 euros mensuales, lo que representa un 55% más que el sueldo más habitual en España.
Desde 2018, se han implementado cambios significativos en la legislación de la Seguridad Social, siendo la reforma más relevante la vinculación de la revalorización de las pensiones al índice de inflación. Esta medida ha resultado en un aumento considerable de la factura mensual de las prestaciones. En contraste, las políticas de contención del gasto que se aplicaron anteriormente han sido abandonadas, lo que ha llevado a un incremento de las obligaciones financieras del sistema.
Entre 2018 y 2025, la nómina mensual de pensiones ha crecido de 9.217 millones de euros a 13.620 millones. Durante este periodo, las subidas de las pensiones han sido significativas, con incrementos del 1,6% en 2018 y 2019, 0,9% en 2020 y 2021, 2,5% en 2022, 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,8% en 2025. Este aumento ha llevado a que el desembolso anual alcance los 216.000 millones de euros en 2025.
Un factor que contribuye a este aumento es el deslizamiento al alza de las nuevas pensiones en comparación con las que causan baja. Las nuevas pensiones de jubilación son, de media, un 17% más elevadas que las que se dejan de abonar. Esto ha llevado a que, a pesar de que el IPC medio cerró en 2022 en el 2,8%, el gasto en pensiones crezca un 6,1% interanual.
Las nuevas pensiones de jubilación del régimen general, que son las más numerosas, ascienden a 1.722 euros mensuales en catorce pagas, lo que representa un 3,4% más que la media de jubilación del régimen general y un 31,2% más que la prestación media del sistema. Esta diferencia pone de manifiesto la presión creciente sobre las finanzas del sistema de pensiones.
Un aspecto crítico es la relación entre las cotizaciones y las prestaciones. Según el Instituto de Actuarios de España, existe un desequilibrio estructural en el sistema público de pensiones, donde las pensiones que perciben los ciudadanos son, de media, un 62% superiores a las aportaciones realizadas durante su carrera laboral. Este desequilibrio ha aumentado desde la última medición en 2020, donde se registró un índice de 1,55.
Para cubrir estos desequilibrios, la Seguridad Social ha necesitado transferencias presupuestarias significativas. En 2024, estas transferencias superaron los 48.000 millones de euros, y hasta junio de 2025, se han requerido 32.315 millones para afrontar las obligaciones de pago. Este crecimiento en la necesidad de transferencias es un indicativo de la presión financiera que enfrenta el sistema.
El Gobierno ha propuesto la jubilación reversible como una posible solución para abordar la falta de trabajadores y la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los expertos advierten que, si no se realizan ajustes, se deberán implementar medidas automáticas vinculadas a variables como la esperanza de vida o el crecimiento económico, como se hace en otros países europeos.
En resumen, el aumento del gasto en pensiones en España plantea desafíos significativos para la sostenibilidad del sistema. La combinación de la revalorización de las pensiones, el deslizamiento de las nuevas pensiones y el desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones son factores que requieren atención urgente para garantizar la viabilidad del sistema en el futuro.
