La reciente investigación del Tribunal Supremo en España ha puesto en el centro de la atención pública el presunto amaño de adjudicaciones de obras públicas, involucrando a varios empresarios y exfuncionarios del gobierno. El caso, conocido como el ‘caso Koldo’, ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar registros en los domicilios de cinco empresarios que, aunque no están formalmente acusados, aparecen en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García son los principales nombres asociados a esta investigación. Se alega que ambos, junto con otros implicados, intentaron cobrar contraprestaciones económicas tras la adjudicación de obras públicas. Las grabaciones de conversaciones entre Koldo y otros actores del sector, que fueron incautadas en febrero de 2024, son un elemento clave en la investigación.
Los contratos bajo sospecha fueron adjudicados a varias constructoras, entre ellas Acciona, Obras Públicas y Regados (OPR), y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos proyectos abarcan diversas regiones de España, incluyendo Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y Teruel. La UCO ha señalado que las grabaciones revelan intentos de influir en la adjudicación de obras a favor de estas empresas.
Uno de los empresarios mencionados es Fernando Merino, excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción. La UCO sostiene que su participación está relacionada con la influencia que ejerció sobre Koldo para asegurar la adjudicación de obras públicas. Las grabaciones indican que Merino señalaba obras de interés para Acciona, lo que podría haber generado contraprestaciones a los investigados.
El primer contacto documentado entre Koldo y Merino se remonta a 2015, cuando Merino envió un correo a García con dudas sobre un pliego y un futuro contrato. La UCO también ha encontrado anotaciones en el calendario de Koldo que sugieren múltiples interacciones con Merino, incluyendo reuniones para discutir pagos y subvenciones.
Además de Merino, otros empresarios como Joseba Antxón Alonso Egurrola y José Ruz Martínez también están bajo la lupa. Alonso Egurrola está vinculado a las sociedades Noran Coop y Servinabar, que han estado involucradas en adjudicaciones en Navarra. La UCO ha encontrado indicios de que pudo haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos.
Por su parte, Ruz Martínez es señalado como un empresario relacionado con LIC, y se le atribuye haber intercedido por Koldo ante altos funcionarios para asegurar adjudicaciones de obras. La investigación ha revelado que Ruz utilizaba líneas telefónicas seguras para comunicarse con Koldo, lo que sugiere un intento de ocultar sus actividades.
Los hermanos Daniel y Antonio Fernández, vinculados a OPR, también son mencionados en el informe. Se alega que Daniel, en su calidad de administrador de OPR, pudo haber obtenido adjudicaciones de obras públicas en connivencia con Koldo y Ábalos. La UCO ha documentado que los hermanos Fernández mantuvieron contacto frecuente con Koldo, incluso después de que este dejara su cargo en el Ministerio de Transportes.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en el sector de la construcción, así como en el ámbito político. Acciona ha emitido un comunicado expresando su desconocimiento sobre los hechos y ha anunciado una investigación interna para esclarecer la situación.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y vigilancia en la adjudicación de contratos públicos, así como el impacto que la corrupción puede tener en la confianza pública hacia las instituciones. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre las implicaciones de estos empresarios y exfuncionarios en el presunto esquema de corrupción.
