En las últimas 72 horas, el caso Plus Ultra ha registrado 4 declaraciones clave ante la Audiencia Nacional que han desmontado versiones oficiales y expuesto una red de intermediación política con coste financiero cuantificable: 2,3 millones de euros en pagos a empresas vinculadas a Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez José Luis Calama ha recibido escritos que confirman la existencia de una estructura operativa paralela —denominada internamente como finance boutique— activada entre junio y noviembre de 2022, periodo en el que Plus Ultra solicitó y obtuvo el aval estatal de 120 millones de la SEPI. Durante ese lapso, la aerolínea registró pérdidas acumuladas de 47,8 millones, un 32 % más que en el mismo periodo de 2021.
2,3 millones pagados a empresas de Martínez Martínez en 4 meses
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha reconocido formalmente ante el juez que los 2,3 millones fueron transferidos entre julio y octubre de 2022, tras una conversación con el exaccionista Rodolfo Reyes en la que se aludió explícitamente a la “mordida” por la gestión del rescate. Esta cifra representa el 1,9 % del total del aval SEPI, y supera en 6,8 veces el promedio de honorarios por asesoría en operaciones públicas similares entre 2020 y 2022, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Conflicto de intereses cuantificado
- Martínez Sola y Roberto Roselli conocían la relación entre Martínez Martínez y Zapatero desde marzo de 2022, según consta en correos electrónicos fechados el 12/03/2022 y 28/03/2022.
- El acuerdo verbal de intermediación se formalizó el 15/06/2022, 11 días antes de que Plus Ultra presentara su solicitud de aval ante la SEPI.
- Las cuatro empresas receptoras de los pagos —todas constituidas entre 2021 y 2022— declararon ingresos por consultoría pública por 1,1 millones en 2022, un 210 % más que su facturación media en 2020–2021.
4 declaraciones en 72 horas: un cambio de rumbo procesal
La velocidad y convergencia de las declaraciones —dos de los directivos de Plus Ultra, el propio Martínez Martínez y un testigo técnico de la SEPI— marca un punto de inflexión. En los 72 horas posteriores al 18/07/2026, el juez Calama ha recibido 12 documentos probatorios adicionales, incluidos tres informes periciales contables que vinculan los pagos con la fase crítica de negociación del rescate. Esto contrasta con los 28 días que tardó en acumularse la misma cantidad de pruebas entre enero y junio de 2026.
Desglose temporal de las confesiones
- 18/07/2026, 10:15 h: Declaración de Julio Martínez Sola ante el juez.
- 18/07/2026, 16:40 h: Escrito de Roberto Roselli confirmando conocimiento previo de la finance boutique.
- 19/07/2026, 09:22 h: Reconocimiento de Julio Martínez Martínez sobre su papel como “intermediario estructural”.
- 20/07/2026, 08:05 h: Testimonio de un funcionario de la SEPI que certifica la ausencia de informes técnicos previos al aval.
120 millones del aval SEPI sin informe técnico previo
El aval de 120 millones fue aprobado por la SEPI el 22/11/2022, sin que existiera informe técnico previo de viabilidad, según el testimonio del funcionario de la SEPI del 20/07/2026. Este hecho viola el artículo 12.3 del Real Decreto 1072/2017, que exige evaluación técnica obligatoria para avales superiores a 50 millones. En los 18 casos anteriores de avales SEPI superiores a ese umbral entre 2019 y 2022, el informe técnico se emitió con una media de 22 días de antelación.
Radiografía en cifras
- 2,3 millones: Total transferido a empresas de Martínez Martínez entre julio y octubre de 2022.
- 72 horas: Plazo en el que se produjeron las 4 confesiones clave ante la Audiencia Nacional.
- 120 millones: Monto del aval SEPI concedido sin informe técnico previo, según testimonio del 20/07/2026.
- 32 %: Aumento de las pérdidas de Plus Ultra en 2022 respecto a 2021.
- 210 %: Incremento de la facturación por consultoría pública de las empresas receptoras en 2022.
- 0 informes técnicos: Número de evaluaciones previas emitidas por la SEPI antes del aval del 22/11/2022.
6,8 veces el promedio de honorarios en asesorías públicas
Los 2,3 millones pagados a las empresas de Martínez Martínez equivalen a 6,8 veces el promedio de honorarios por asesoría en operaciones de rescate público entre 2020 y 2022, según el informe de la CNMC del 15/06/2026. Este desvío se produce en un contexto en el que el 92 % de los avales SEPI en ese periodo fueron gestionados sin intermediarios externos. La normativa vigente —Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público— prohíbe expresamente la contratación de asesorías sin concurso público cuando superen los 30.000 euros, salvo excepciones justificadas por urgencia técnica, ninguna de las cuales fue acreditada en este caso.
