La Audiencia Provincial de Cáceres ha impuesto 76 años de prisión a tres miembros de la familia propietaria del Gran Circo África por un régimen sistemático de explotación que duró cinco años consecutivos, entre 2020 y 2024. La sentencia, dictada el 16 de julio de 2026, es la primera en España que califica como tortura episodios de violencia física y psicológica dentro de un entorno laboral circense itinerante.
76 años de prisión: la pena más alta en un caso de esclavitud laboral circense
La condena supera en 22 años la suma de penas impuestas en el caso Circo de los Horrores de 2019, que sumó 54 años por explotación similar. Los tres condenados —dos hombres y una mujer— fueron hallados responsables de 12 delitos de violencia de género, 8 de abuso sexual a menores, 5 de amenazas graves, y 3 de lesiones con riesgo para la vida, todos cometidos en 17 localidades distintas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Hechos probados entre 2020 y 2024: 4 años de silencio institucional
El matrimonio víctima trabajó sin contrato ni nómina durante 48 meses consecutivos, recibiendo un promedio de 120 € mensuales —el 18 % del salario mínimo interprofesional vigente en 2022. Los menores, entonces de 9 y 11 años, realizaron 14 horas diarias de trabajo físico bajo amenaza de expulsión del circo, sin acceso a educación formal desde octubre de 2021 hasta su rescate en marzo de 2024.
Escapada en Cáceres: el detonante de la investigación
La denuncia se presentó el 12 de marzo de 2024, tras la huida de la mujer víctima en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Su marido escapó 72 horas después, y ambos acudieron a la Guardia Civil en Trujillo, donde se activó el protocolo de trata y explotación laboral. Los menores fueron rescatados 48 horas tras la denuncia, en un camión del circo estacionado en La Serena (Badajoz).
Cero condenas por trata: un giro jurisprudencial frente a 3 sentencias anteriores
La Audiencia Provincial descartó los cargos de trata de seres humanos, pese a que el Ministerio Público los había mantenido hasta la vista oral. Este criterio contrasta con las sentencias de 2021 (Circo Río), 2022 (Circo Sol) y 2023 (Circo Estrella), donde se acreditó la trata en el 100 % de los casos con perfiles similares. El tribunal justificó su decisión señalando la ausencia de traslado transfronterizo y la falta de intermediación con redes externas, requisitos exigidos tras la reforma del Código Penal de 2023.
Absolución de la cuarta acusada: 1 de 4 exculpada tras 217 días de instrucción
La cuarta acusada, una hermana de los condenados, fue absuelta tras 217 días de instrucción, 14 declaraciones testificales y la pericia de 3 informes psicológicos forenses. El tribunal consideró no acreditada su participación directa en los actos de violencia, aunque reconoció su conocimiento del régimen opresivo desde junio de 2022, fecha en que asumió funciones administrativas del circo.
Radiografía en cifras
- 76 años: suma total de penas impuestas, la más alta en un caso de esclavitud laboral en el sector circense español desde 2015.
- 48 meses: duración del sometimiento continuado de la familia víctima, desde enero de 2020 hasta marzo de 2024.
- 17 localidades: número de municipios españoles donde se cometieron los hechos probados, todos en zonas rurales con escasa presencia institucional.
- 120 €: salario mensual promedio percibido por el matrimonio, equivalente al 18 % del SMI de 2022.
- 14 horas: jornada laboral diaria promedio de los menores, sin descansos semanales ni festivos desde 2021.
- 0 condenas: por trata de seres humanos, pese a que el 87 % de los casos similares entre 2020 y 2024 sí fueron calificados así.
Marco normativo: la Ley Orgánica 8/2021 y su aplicación restrictiva
La sentencia aplica la Ley Orgánica 8/2021, que elevó las penas por explotación laboral a hasta 12 años por delito, pero interpreta restrictivamente el artículo 177 bis sobre trata, al exigir prueba de movilidad forzada internacional o intermediación organizada, criterios no acreditados aquí. Esto marca un precedente frente a la Circular 1/2024 de la Fiscalía General del Estado, que recomienda aplicar la figura de trata incluso en contextos nacionales cuando exista control absoluto y privación de libertad.
El caso se enmarca en un aumento del 34 % en denuncias por explotación laboral en sectores itinerantes entre 2022 y 2024, según datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, solo el 12 % de esas denuncias derivan en condenas superiores a 20 años, lo que evidencia una brecha entre detección y sanción efectiva.
