El Parlament de Cataluña aprobó el 8 de julio de 2026 la tramitación exprés de una ley que limita la compra de vivienda en 68 % de los 947 municipios catalanes clasificados como zonas de mercado tensionado, según el informe oficial de la Generalitat publicado en marzo de 2026.
Restricción sin precedentes: 4 usos excluidos en zonas tensionadas
Alquiler turístico y temporal: 32 % del parque residencial afectado
En 2025, el alquiler turístico representó el 32 % del stock de viviendas en alquiler en Barcelona y Girona, según el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La nueva ley prohíbe expresamente este uso en municipios con más del 15 % de viviendas en alquiler turístico, umbral que superan 41 localidades.
House flipping: 18.400 transacciones anuales en riesgo
Entre 2023 y 2025, se registraron 18.400 operaciones de house flipping en Cataluña, según el Colegio de Registradores. La ley impone una prohibición de reventa en menos de 3 años, afectando directamente al 22 % de las compraventas de segunda mano en zonas tensionadas.
Segunda residencia: límite a 1 por titular en 217 municipios
La norma fija un tope de una segunda residencia por persona física, aplicable en 217 municipios (23 % del total), donde el índice de viviendas secundarias supera el 28 %, frente al 12 % nacional (INE, 2025).
Radiografía en cifras
- 68 % de los municipios catalanes (644 de 947) están declarados oficialmente como zonas de mercado tensionado.
- 41 localidades superan el umbral del 15 % de viviendas en alquiler turístico y quedarán sujetas a restricciones totales.
- 18.400 operaciones de house flipping anuales se verían impedidas bajo la nueva regulación.
- 217 municipios aplicarán el límite de una segunda residencia por comprador, según el mapa de tensión publicado en abril de 2026.
- 3 años es el plazo mínimo de permanencia exigido para evitar la calificación de especulación.
- 1 vía exprés fue utilizada para la tramitación: lectura única, sin enmiendas admitidas, acordada en el pacto presupuestario de 2026.
Impacto en la oferta residencial: caída del 12 % proyectada en 2027
Foment del Treball estima que la ley reducirá la oferta de vivienda en alquiler en 12 % en 2027, equivalente a 14.200 viviendas menos disponibles en el mercado. Esta proyección contrasta con el objetivo oficial del Govern de aumentar la oferta en un 7,5 % anual mediante el Plan de Vivienda Pública 2024–2030.
Marco normativo: una reforma estructural por vía presupuestaria
La ley modifica la Ley 19/2006 de Suelo y Urbanismo, pero su impulso se articuló mediante un acuerdo presupuestario entre Comuns, ERC y PSC, lo que generó críticas por “falta de debate técnico”. El Tribunal Constitucional ya ha advertido, en sentencia 112/2025, que las limitaciones al derecho de propiedad requieren “una base legal específica y no instrumental”, lo que pone en riesgo la constitucionalidad de la vía elegida.
Empresas públicas y privadas: 3 grandes promotoras integradas en el plan estatal
Corp, Copisa y Visoren fueron incorporadas al Plan de Vivienda Pública del Govern en junio de 2026, con un compromiso de construir 4.800 viviendas protegidas hasta 2030, lo que representa el 31 % del total previsto (15.500 unidades). Sin embargo, su capacidad de actuación se verá condicionada por las nuevas restricciones de uso en los suelos cedidos por los ayuntamientos.
