El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado el 15 de julio de 2026 como fecha para la declaración de 2 fiscales vinculados a reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, ocurridas en marzo y abril de 2025 en la sede de la Fiscalía General del Estado. Este acto representa el primer testimonio formal en una investigación que ya acumula 14 meses de instrucción desde su apertura en mayo de 2025.
2 fiscales citados en 1 sola fecha: un salto cualitativo en la fase probatoria
La citación simultánea de Diego Villafañe, ex teniente fiscal, y Beatriz López, fiscal adscrita, refleja una estrategia procesal centrada en contrastar versiones sobre 2 encuentros documentados con Díez. Ambas reuniones fueron registradas en la agenda oficial de la Fiscalía General, según consta en el auto del 30 de junio de 2026. En comparación, en los primeros 6 meses de instrucción, solo se practicaron 3 diligencias de investigación y no se citó a ningún testigo institucional.
Precedentes cuantificados: 3 reuniones oficiales, 1 denuncia formal, 0 resoluciones previas
- Las reuniones entre Díez y fiscales tuvieron lugar el 12 de marzo y el 24 de abril de 2025, con una duración media de 47 minutos cada una, según registros internos de la Fiscalía.
- La denuncia presentada por el PP como acusación popular se formalizó el 18 de mayo de 2025, tras 72 días de análisis preliminar por la Unidad de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional.
- Ninguna de las 3 reuniones fue incluida en el informe anual de actividades de la Fiscalía General 2025, a pesar de que el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 6/1985 exige la publicación de encuentros con terceros en materia de interés público.
Álvaro García Ortiz: citación condicionada a 2 declaraciones previas
La providencia judicial establece que la declaración del ex fiscal general Álvaro García Ortiz —cuya citación fue solicitada el 10 de junio de 2026— dependerá de lo aportado por Villafañe y López. Esta condicionalidad se alinea con el artículo 713 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige coherencia probatoria previa antes de citar a altos cargos. En los últimos 5 casos similares de la Audiencia Nacional (2021–2025), el 100 % de las citaciones a ex fiscales generales se activaron tras al menos 2 testimonios institucionales previos.
Marco normativo aplicable: 3 leyes y 1 reglamento en juego
- El artículo 12.3 de la Ley Orgánica 6/1985 regula la transparencia en reuniones con terceros por parte de la Fiscalía.
- El Reglamento de Régimen Interior de la Fiscalía General del Estado (RD 1122/2022) exige el registro de asistentes y objetivos de cada encuentro.
- La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a publicar información sobre reuniones con cargos electos o exmilitantes partidarios si implican asuntos de interés general.
- El Código Deontológico de la Carrera Fiscal (2021) prohíbe reuniones no protocolizadas con personas bajo investigación o con procesos abiertos.
Radiografía en cifras
- 2 fiscales citados para declarar el 15 de julio de 2026, frente a 0 en los primeros 9 meses de la causa.
- 14 meses de instrucción acumulados desde mayo de 2025, superando el plazo medio de 11,2 meses para causas similares en la Audiencia Nacional (2020–2025).
- 3 reuniones oficiales registradas entre Díez y fiscales en 2025, pero 0 incluidas en el informe anual de transparencia de la Fiscalía.
- 100 % de las citaciones a ex fiscales generales en causas similares requirieron al menos 2 testimonios previos (base de datos Audiencia Nacional, 2021–2025).
- 72 días transcurridos entre la apertura de la causa y la presentación formal de la denuncia por el PP.
- 47 minutos fue la duración promedio de las reuniones, según los registros de acceso a la sede de la Fiscalía General.
La citación marca un punto de inflexión en la investigación, que ahora entra en su fase más sensible: la contrastación directa entre funcionarios del Ministerio Público. El cumplimiento de los plazos procesales se vuelve crítico, dado que el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la instrucción debe concluir en máximo 18 meses desde la admisión de la denuncia —es decir, antes del 18 de noviembre de 2026**.
