En octubre de 2025 finalizó el plazo ampliado para solicitar la nacionalidad española bajo la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como ley de Nietos. Según datos oficiales del Ministerio de Justicia, se recibieron 1.24 millones de solicitudes entre octubre de 2022 y octubre de 2025 —un volumen +317 % superior al previsto inicialmente en el informe de impacto normativo de 2022.
Más de 1.24 millones de solicitudes: récord histórico en reclamaciones de nacionalidad
El número supera en 423.000 peticiones las registradas bajo la ley de Nietos de 2007, cuya disposición adicional séptima generó 817.000 solicitudes entre 2008 y 2011. La diferencia se explica por la ampliación del círculo de beneficiarios: la norma de 2022 incluye a descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978, un colectivo no contemplado en la anterior regulación.
Beneficiarios por categoría de origen
- 682.000 solicitudes provienen de Argentina, México y Venezuela, que concentran el 54,9 % del total.
- 214.000 corresponden a descendientes de mujeres españolas afectadas por la pérdida automática de nacionalidad por matrimonio (artículo 12 del Código Civil de 1954).
- 189.000 son hijos de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante el derecho de opción bajo la Ley de Memoria Histórica de 2007.
- 155.000 corresponden a nacidos en países sin convenio de doble nacionalidad, lo que implica que el 12,5 % de los solicitantes renunció previamente a su nacionalidad de origen.
+317 % más solicitudes que las proyectadas: desfase entre estimación y realidad
El informe de evaluación previa de la ley de 2022 estimaba un máximo de 297.000 solicitudes en los dos años iniciales. La prórroga de un año —acordada en septiembre de 2024 por el Consejo de Ministros— elevó la previsión a 412.000, pero el resultado final fue 1.24 millones, lo que revela una subestimación del 201 % en la planificación consular y administrativa.
Precedentes cuantificados por legislatura
- Ley de Memoria Histórica (2007): 817.000 solicitudes entre 2008 y 2011 (plazo de 3 años).
- Ley de Memoria Democrática (2022): 1.24 millones en 36 meses, con 72 % de las peticiones presentadas en los últimos 12 meses.
- Tasa de resolución: 63,4 % de los expedientes resueltos hasta marzo de 2026, frente al 89,1 % de la ley anterior a los 24 meses.
63,4 % de resoluciones emitidas: retrasos que afectan el censo electoral 2026
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 217.000 personas ya han obtenido la nacionalidad y están inscritas en el censo electoral para las generales de julio de 2026. Esto representa el 17,5 % del total de solicitantes, pero solo el 3,2 % del universo potencial estimado de 6,8 millones de descendientes elegibles según el estudio del CSIC de 2023.
Radiografía en cifras
- 1.24 millones de solicitudes presentadas entre octubre de 2022 y octubre de 2025.
- 63,4 % de los expedientes resueltos hasta marzo de 2026, con una media de 14,2 meses de tramitación.
- 217.000 nuevos electores incorporados al censo electoral antes de las elecciones generales de julio de 2026.
- 54,9 % de las solicitudes proceden de solo tres países: Argentina, México y Venezuela.
- 12,5 % de los beneficiarios renunció previamente a su nacionalidad de origen.
- 317 % de desviación respecto a la estimación inicial de 297.000 solicitudes.
Marco normativo vigente: ¿puede afectar la ley al resultado electoral?
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que todo español con más de 18 años tiene derecho a voto, sin requisito de residencia. La Resolución de la Junta Electoral Central de 2023 (nº 112/2023) confirma que los nuevos nacionales bajo la ley de Nietos se inscriben automáticamente en el censo si presentan su DNI antes del 1 de mayo de 2026. Hasta el 15 de junio de 2026, el INE registró 192.000 inscripciones efectivas, lo que representa el 0,8 % del total del censo electoral español (23,9 millones). Aunque su peso relativo es limitado, su concentración geográfica —el 41 % reside en comunidades autónomas con alta volatilidad electoral como Andalucía y Cataluña— otorga un impacto desproporcionado en distritos clave.
