Más Madrid reclama transparencia financiera y exige la devolución de hasta el último euro gastado en el viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México. La gira, interrumpida de forma abrupta tras solo tres días de actividad oficial, ha generado dudas sobre su justificación institucional, su impacto económico real y su conformidad con la normativa de gastos públicos. El silencio del Gobierno madrileño sobre el coste total agrava la crisis de confianza.
¿Cuál es el coste real del viaje de Ayuso a México?
El Gobierno regional no ha publicado un desglose oficial del gasto. Más Madrid ha verificado al menos 450.000 euros, vinculados a la entrega de una distinción y al desplazamiento. Pero la cifra podría ser mayor: no se incluyen gastos de logística, seguridad, alojamiento, transporte terrestre ni asesoramiento externo.
Gastos no contabilizados públicamente
- Contratación de servicios de comunicación privada.
- Costes de protección policial en territorio extranjero.
- Desplazamientos de asesores y personal de apoyo no incluidos en el acta oficial.
- Posibles comisiones o pagos a intermediarios locales.
¿Fue el viaje una acción institucional legítima o una actividad privada disfrazada?
La ausencia de agenda pública en cinco de los ocho días en México cuestiona su naturaleza institucional. No hubo reuniones con autoridades mexicanas, ni acuerdos firmados, ni participación en foros oficiales. La única actividad confirmada fue una gala de los premios Platino, donde el propio Grupo Xcaret —organizador — rechazó recibir a Ayuso. Eso desmonta la narrativa de una misión de promoción turística o cultural.
Falta de protocolo diplomático
- No hubo coordinación previa con la Embajada de España en México.
- No se registró la visita en el sistema de control de desplazamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Ausencia de informe previo de viabilidad y retorno institucional, exigido por la Ley de Transparencia.
¿Qué marco legal regula los gastos de viajes institucionales en la Comunidad de Madrid?
El Decreto 112/2021, de 27 de julio, regula los desplazamientos de altos cargos. Exige: justificación previa, informe de necesidad, publicación del presupuesto estimado y rendición de cuentas en 30 días. Ayuso no ha cumplido ninguno de estos requisitos. Tampoco se ha activado el control previo del Tribunal de Cuentas de la Comunidad.
Responsabilidad contable y política
- El Consejo de Cuentas puede exigir responsabilidades patrimoniales si se acredita uso indebido de fondos.
- La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prevé sanciones por uso de cargo para fines particulares.
- El Código Ético de la Administración Pública prohíbe la confusión entre lo público y lo privado.
¿Cuál es el impacto económico real para los madrileños?
Los 450.000 euros verificados equivalen a: 90 camas anuales en el Hospital Gómez Ulla, 150 contratos temporales para profesores en centros públicos o 3.000 tests diagnósticos para norovirus y hantavirus en zonas de riesgo. El gasto no es abstracto: es inversión social diferida.
Datos Clave
- Más Madrid ha solicitado formalmente la rendición de cuentas ante la Intervención General de la Comunidad.
- El viaje se realizó sin informe previo del Consejo Asesor de Transparencia.
- Ayuso lleva cinco días consecutivos sin agenda oficial conocida tras su regreso.
- La oposición ha presentado una moción de censura parcial en la Asamblea de Madrid por incumplimiento de deberes funcionales.
- El coste por día de inactividad institucional supera los 56.000 euros, según cálculo de gastos fijos diarios.
La tridimensionalidad del caso va más allá del escándalo político. En el contexto actual —con presión sobre los servicios públicos, huelgas docentes y alertas sanitarias recurrentes—, cada euro mal justificado erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la asignación presupuestaria y debilita el cumplimiento normativo. No se trata solo de cuánto costó el viaje, sino de qué prioridades refleja y qué está dispuesta la ciudadanía a financiar con sus impuestos.
