La gestión financiera de À Punt y la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) está bajo escrutinio tras revelaciones sobre gastos desproporcionados en programas con nula audiencia. Los socialistas del PSPV denuncian que fondos públicos se usan de forma opaca, con contratos millonarios que no cumplen objetivos de servicio público ni rendición de cuentas.
¿Por qué el coste de El Debat con Toni Cantó ha generado alarma social?
El programa El Debat, presentado por el exdiputado de Ciudadanos, fue cancelado tras solo ocho emisiones. A pesar de su fracaso, consumió 621.568,79 € de las arcas valencianas. Eso equivale a casi 400 € por minuto de emisión. El alto coste no se justifica ni por audiencia, ni por impacto mediático, ni por cumplimiento de la misión institucional de la televisión pública.
Falta de control en contrataciones externas
La dirección de À Punt renovó el espacio Va de Bo pese a su ausencia de espectadores. Además, se destinaron 36.000 € solo al casting y gestión de colaboradores, con escasa representación de la Comunitat Valenciana y nula paridad de género. Estos gastos revelan una debilidad estructural en la gestión de proveedores y en la evaluación de resultados.
¿Cómo afecta esta gestión al presupuesto regional y a la confianza ciudadana?
Cada euro invertido en programas fallidos es un recurso que no se destina a contenidos educativos, culturales o informativos con arraigo local. Desde el punto de vista económico, los 77.000 € por programa de Toni Cantó equivalen al salario anual de varios profesionales del sector audiovisual valenciano. Esto tensiona el equilibrio entre inversión pública y retorno social.
Impacto en la credibilidad de los medios públicos
La percepción ciudadana de À Punt se ha erosionado. Cuando los espectadores identifican programas con nombres políticos y costes desmedidos, se debilita la neutralidad editorial y la independencia institucional. La falta de transparencia en los contratos alimenta la desconfianza en la gestión del Consell de Pérez Llorca.
¿Qué marco legal regula el gasto en medios públicos valencianos?
La Ley 10/2018 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana exige eficiencia, transparencia y evaluación de impacto. También obliga a priorizar la producción propia y el talento local. Sin embargo, los datos denunciados evidencian incumplimientos en:
- La exigencia de cláusulas de rescisión ante bajo rendimiento.
- El cumplimiento de la paridad de género en espacios informativos.
- La obligación de informar anualmente sobre costes por programa y audiencias reales.
Falta de mecanismos de rendición de cuentas
No existe un informe público accesible que vincule gasto, audiencia y cumplimiento de objetivos editoriales. Tampoco hay auditorías independientes periódicas sobre la eficiencia de productoras externas, como exige la Ley de Transparencia de la Generalitat.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- 621.568,79 €: coste total de El Debat, cancelado en su octava emisión.
- 77.000 €: coste medio por programa de Toni Cantó.
- 397 €/minuto: coste estimado por minuto de emisión del programa.
- 36.000 €: gasto adicional en casting y gestión de colaboradores, sin paridad ni representación local.
- 0% de audiencia sostenida: Va de Bo fue ampliado pese a no registrar espectadores medibles.
La tridimensionalidad del caso va más allá del gasto: es un problema de gobernanza, de sostenibilidad económica y de cumplimiento normativo. Mientras no se activen mecanismos de control real, los ciudadanos seguirán financiando contenidos que no reflejan sus intereses ni su diversidad. La CACVSA debe redefinir sus prioridades con base en datos, no en lealtades.
Propuestas técnicas para una gestión responsable
- Implementar programas piloto con cláusulas de evaluación a los 30 y 60 días.
- Exigir informes de audiencia certificados antes de renovar contratos.
- Priorizar la producción propia y la contratación directa de profesionales valencianos.
- Publicar un dashboard público con costes, audiencias y cumplimiento de objetivos editoriales.
