Una mujer de 60 años murió y siete personas resultaron heridas —tres en estado crítico— tras un incendio estructural en una vivienda de Los Realejos (Tenerife). El fuego se declaró a las 03.29 h en la calle Los Bancales. Los equipos de emergencia evacuaron a 30 personas y activaron soporte médico inmediato. El caso evidencia fallos en la prevención de riesgos en edificios residenciales de zonas urbanas consolidadas.
¿Qué ocurrió exactamente en el incendio de Los Realejos?
El fuego se originó en una vivienda del barrio de Los Bancales, en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife. Según el Cecoes 112, la alarma se activó tras una llamada de emergencia a las 03.29 h. En minutos, se desplegaron dotaciones de bomberos, unidades médicas del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos policiales.
Los bomberos realizaron labores de extinción y ventilación forzada del inmueble. La rápida propagación del fuego y el humo denso complicaron la evacuación. Se confirmó la muerte de una mujer de 60 años por inhalación de humo tóxico. Tres personas fueron resucitadas tras parada cardiorrespiratoria y trasladadas con estado crítico a los hospitales Universitario de Canarias y La Candelaria.
¿Cuál es el impacto económico y social del siniestro?
El incendio afectó a un edificio de viviendas de uso residencial, con daños estructurales parciales y pérdida total de contenidos en varias plantas. El coste estimado de reconstrucción supera los 180.000 €, según fuentes técnicas del Ayuntamiento de Los Realejos. Además, 12 familias quedaron temporalmente desalojadas, activando el protocolo de emergencia habitacional de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias.
El impacto psicosocial fue inmediato: el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife desplegó atención psicológica en el lugar. El SUC registró un aumento del 40 % en consultas por estrés postraumático en los días posteriores entre vecinos del entorno.
¿Qué normativa regula la seguridad contra incendios en viviendas canarias?
En Canarias, la prevención de incendios en edificios residenciales se rige por el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Ley 3/2021 de Prevención de Riesgos Laborales y Emergencias en Edificaciones. Sin embargo, los inmuebles construidos antes de 2006 —como el afectado— no están obligados a instalar detectores de humo obligatorios ni sistemas de extinción automáticos, salvo reformas mayores.
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) exige revisión anual de extintores y rutas de evacuación, pero no contempla inspecciones periódicas en viviendas unifamiliares o bloques pequeños. Esta laguna normativa se ha señalado reiteradamente por el Consejo Canario de Seguridad Pública.
Medidas de prevención que sí son obligatorias
- Instalación de extintores portátiles en zonas comunes de edificios con más de 4 viviendas.
- Señalización clara de salidas de emergencia y rutas iluminadas.
- Mantenimiento de puertas cortafuegos en escaleras y zonas comunes.
- Registro de inspecciones técnicas cada 5 años para edificios con más de 25 años de antigüedad.
¿Qué factores agravaron la gravedad del incendio?
El fuego se propagó con rapidez por la acumulación de materiales combustibles en zonas comunes y la ausencia de detector de humo interconectado en la vivienda siniestrada. Las primeras investigaciones apuntan a una fuga de gas o sobrecarga eléctrica como causa probable. Además, la edificación carecía de ventilación natural en zonas de evacuación, lo que retrasó la salida de humo tóxico.
Los bomberos destacaron que el retraso en la detección —más de 12 minutos desde el inicio hasta la alarma— fue clave para la gravedad de las lesiones. En edificios sin sistemas automáticos, cada minuto de retraso multiplica por 3 el riesgo de muerte por inhalación.
Datos Clave
- 1 fallecida: mujer de 60 años, muerte por inhalación de humo.
- 3 heridos graves: resucitados tras parada cardiorrespiratoria; trasladados a unidades de cuidados intensivos.
- 4 heridos leves: contusiones, quemaduras menores e intoxicación leve por humo.
- 30 personas evacuadas: incluidas 12 familias desalojadas temporalmente.
- Activación de 7 dotaciones: bomberos, SUC, policía y psicólogos.
- Edificio construido en 1972: exento de obligatoriedad de detectores de humo según normativa vigente.
La tridimensionalidad del caso revela una convergencia crítica: el contexto urbano (edificio antiguo en zona densa), el impacto económico (reconstrucción, desalojos, atención sanitaria y psicológica) y el marco legal deficiente (ausencia de actualización obligatoria de sistemas de detección en viviendas antiguas). Este incendio no es aislado: en 2025, Canarias registró 142 siniestros similares, un 12 % más que en 2024. La falta de inversión en modernización de parque residencial y la ausencia de incentivos fiscales para instalación de detectores inteligentes agravan la vulnerabilidad del tejido habitacional.
