Isabel Pardo de Vera declaró hoy ante el Tribunal Supremo como testigo clave en el caso Mascarillas. Su testimonio es decisivo para esclarecer la contratación de cinco millones de mascarillas por parte de ADIF durante la emergencia sanitaria. La ex presidenta negó haber tomado decisiones unilaterales y subrayó que actuó bajo directrices ministeriales. Su declaración pone en tensión la cadena de responsabilidades en contrataciones públicas de emergencia.
¿Qué afirmó Pardo de Vera sobre la adjudicación a Soluciones de Gestión?
Pardo de Vera sostuvo que no eligió personalmente a Soluciones de Gestión. Aclaró que la propuesta surgió de Koldo García, ex asesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos. Ella la trasladó a los órganos de contratación de ADIF porque la empresa ya había suministrado ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, con resultados satisfactorios.
El papel del comité de contratación
La decisión final fue adoptada por el comité de contratación de ADIF, no por su voluntad individual. Destacó que otras empresas no tenían capacidad logística para entregar el volumen requerido en plazos ajustados. La urgencia sanitaria condicionó la selección técnica, no criterios subjetivos.
¿Fue la operación realmente impecable?
Pardo de Vera calificó la compra como «impecable» en tiempo, precio y calidad. Sin embargo, esta afirmación choca con las investigaciones en curso. Soluciones de Gestión está bajo sospecha por presuntas comisiones ilegales pagadas por Víctor de Aldama, acusado de actuar como comisionista. El Tribunal Supremo analiza si hubo vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público.
La brecha entre urgencia y transparencia
La normativa exige publicidad y concurrencia incluso en contrataciones de emergencia. El artículo 119 de la Ley 9/2017 permite excepciones, pero exige justificación técnica y documental rigurosa. La ausencia de licitación abierta sigue siendo un foco de escrutinio judicial y parlamentario.
¿Qué reveló sobre su conocimiento de Víctor de Aldama?
Pardo de Vera reconoció conocer a Víctor de Aldama, pero afirmó ignorar su vínculo con Soluciones de Gestión. Lo identificó únicamente como hermano de un ex alto cargo de Fomento. No tuvo contacto directo con él ni participó en negociaciones donde su nombre apareciera. Su desconocimiento no descarta responsabilidad objetiva bajo el principio de diligencia debida en gestión pública.
El silencio de Íñigo Rotaeche
El directivo de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, se acogió al derecho de no declarar. Está investigado en una causa conexa. Su ausencia deja vacíos sobre los flujos financieros y la estructura de intermediación. Esto complica la reconstrucción completa de la cadena contractual.
¿Cuál es el impacto económico y legal del caso?
El caso Mascarillas no es solo un asunto penal. Tiene consecuencias reales en la confianza ciudadana y en la eficiencia del gasto público. Se destinaron más de 12 millones de euros en compras coordinadas entre ADIF y Puertos del Estado. Cualquier irregularidad afecta la gestión presupuestaria y puede derivar en responsabilidades patrimoniales para los entes públicos.
Datos Clave
- La compra de 5 millones de mascarillas por ADIF se realizó en marzo de 2020, en plena declaración de estado de alarma.
- Soluciones de Gestión facturó 6,2 millones de euros a ADIF y 5,8 millones a Puertos del Estado.
- Víctor de Aldama está acusado de recibir comisiones del 10 % sobre esos contratos, según la Fiscalía.
- El Tribunal Supremo asumió la causa por su trascendencia institucional y la implicación de altos cargos.
- La Audiencia Nacional investiga paralelamente a Pardo de Vera por presunta prevaricación y fraude de subvenciones.
La tridimensionalidad del caso es evidente: en el plano actual, marca un precedente para futuras contrataciones de emergencia; en el económico, pone en duda la eficiencia del gasto en crisis; y en el legal, reactiva el debate sobre los límites de la discrecionalidad administrativa y la exigencia de control parlamentario efectivo. La sentencia definirá no solo culpabilidades individuales, sino también la solidez de los mecanismos de rendición de cuentas en el sector público español.
