La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez podría incrementar la población española en 7,8 millones de personas entre 2019 y 2026, según el cálculo presentado por Alberto Núñez Feijóo el 3 de julio de 2026 en Castellón. Este dato, que sintetiza tres flujos demográficos distintos, ha desencadenado un intenso debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar y la planificación de los servicios públicos.
7,8 millones: una cifra que supera el crecimiento natural de España en dos décadas
El aumento proyectado equivale a más del 16 % de la población actual (47,4 millones en 2026, según el INE). Para comparar, el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) en España fue negativo en 19 de los últimos 20 años, con una pérdida neta de 212.000 habitantes entre 2015 y 2025, según el INE.
Desglose por origen legal del aumento poblacional
- 4 millones de extranjeros ya censados: registrados en el padrón desde 2019, según el INE (datos actualizados a enero de 2026).
- 1,2 millones de migrantes en proceso de regularización: incluidos en el Real Decreto-Ley 13/2023, cuya aplicación efectiva se extiende hasta diciembre de 2026.
- 2,6 millones de potenciales nacionalizados: beneficiarios de la Ley Orgánica 12/2022 (ley de nietos), cuya entrada en vigor se produjo el 21 de octubre de 2022 y cuyo plazo de solicitud finaliza el 20 de octubre de 2026.
2,6 millones: el mayor flujo de nacionalizaciones en la historia reciente de España
La ley de nietos prevé otorgar la nacionalidad a 2,6 millones de descendientes de españoles, lo que representa más del doble de los 1,1 millones de nacionalizaciones entre 2000 y 2022, según datos del Ministerio de Justicia. De estos, el 87 % corresponde a latinoamericanos, especialmente de Argentina, Cuba y México.
Precedentes cuantificados de reformas migratorias
- La Ley de Extranjería de 2000 permitió la regularización de 692.000 personas en 2005.
- La reforma de 2011 redujo los umbrales de residencia para la nacionalidad, generando 314.000 nuevas nacionalidades entre 2012 y 2015.
- El Real Decreto-Ley 13/2023 ha generado ya 487.000 solicitudes de regularización desde su entrada en vigor en noviembre de 2023 (datos del Ministerio de Inclusión, 30 de junio de 2026).
1,2 millones: el reto de la regularización en un contexto de escasez de vivienda
El plan de regularización afecta a 1,2 millones de personas, pero el parque de viviendas protegidas ha crecido solo un 3,2 % entre 2022 y 2026, según el Ministerio de Transportes y Vivienda. En paralelo, el déficit habitacional se ha ampliado a 823.000 viviendas, según el Observatorio del Derecho a la Vivienda (junio de 2026).
Radiografía en cifras
- 7,8 millones es el aumento poblacional proyectado por Feijóo entre 2019 y 2026, frente a un crecimiento natural negativo de 212.000 habitantes en el mismo periodo.
- 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad están previstas bajo la ley de nietos, superando en 137 % el total de nacionalizaciones entre 2000 y 2022.
- 1,2 millones de migrantes están en proceso de regularización, pero solo el 18 % ha accedido a vivienda protegida desde 2024.
- El gasto sanitario per cápita creció un 5,4 % entre 2022 y 2026, mientras que la plantilla de médicos aumentó solo un 1,9 %, según el Ministerio de Sanidad.
- El número de plazas escolares públicas creció un 2,1 % entre 2023 y 2026, frente al 12,7 % de incremento en alumnado extranjero matriculado.
- El déficit de plazas en centros de atención primaria se eleva a 3.400 profesionales, según la Organización Médica Colegial (junio de 2026).
4 millones: la base censal que ya presiona los servicios públicos
Los 4 millones de extranjeros ya censados desde 2019 representan el 8,4 % de la población total, pero su demanda de servicios es desproporcionada: el 22 % de las primeras consultas en atención primaria corresponden a este grupo (datos del SNS, 2025), y el 31 % de los expedientes de dependencia en Cataluña y Comunidad Valenciana tienen origen migratorio reciente. Estas cifras se analizan bajo el marco de la Ley 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros y su reforma de 2023, que amplió el acceso a prestaciones sociales sin requisito de cotización mínima.
