El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en riesgo 4 años de investigación judicial al solicitar formalmente ante el juez José Luis Calama la anulación del origen de la causa Plus Ultra, iniciada tras una intervención francesa en 2024.
Esta acción estratégica busca invalidar todo lo descubierto desde entonces, incluyendo su imputación en junio de 2026, la entrada en su despacho en mayo de 2026, y las declaraciones de sus hijas como investigadas. El objetivo es cuestionar la legalidad de la primera pieza probatoria: un disco duro intervenido al abogado Miguel Palomero.
El disco duro Crucial: origen de la causa en 2024
La investigación se originó en una solicitud de asistencia judicial de Francia en 2024, vinculada a una causa de blanqueo de capitales procedente de Venezuela. En ese marco, las autoridades españolas registraron el despacho de Palomero y secuestraron un dispositivo denominado Crucial, que contenía conversaciones de WhatsApp.
Estas conversaciones —analizadas sin resolución judicial previa, según alega la defensa— incluían intercambios entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Diazgranados. En ellas apareció por primera vez el nombre de Zapatero, lo que desencadenó una cadena de actuaciones judiciales que culminó con su imputación.
Registros en 2024: 12 meses antes del primer acto judicial español
- Francia solicitó cooperación internacional en marzo de 2024, con base en indicios de blanqueo vinculado a cuentas en Suiza y Panamá.
- El registro a Palomero se realizó en noviembre de 2024, sin que la Fiscalía Anticorrupción hubiera emitido resolución judicial previa para el análisis del contenido del disco duro.
- Las conversaciones del dispositivo Crucial fueron examinadas por la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, sin autorización judicial expresa.
- El primer auto de imputación relacionado con Plus Ultra se dictó en abril de 2025, tras 5 meses de análisis no judicializado del contenido del disco.
La aerolínea Plus Ultra: rescate de 120 millones de euros en 2021
El núcleo del caso gira en torno al rescate estatal a Plus Ultra, aprobado en julio de 2021 con una dotación de 120 millones de euros, tras su solicitud de ayuda por crisis financiera. La Fiscalía investiga si Zapatero actuó como intermediario para influir en la decisión gubernamental, aprovechando su condición de exjefe del Ejecutivo y su relación con los accionistas venezolanos.
El vínculo se reforzó con pagos de 385.000 euros realizados por Diazgranados a la empresa Whathefav, propiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa —hijas del expresidente— entre 2022 y 2024, según consta en registros bancarios franceses y españoles.
3 años de pagos no declarados: desde 2022 hasta 2024
- Primer pago registrado: enero de 2022, por 72.000 euros, tras una reunión en Madrid entre Palomero y Diazgranados.
- Último pago detectado: octubre de 2024, por 114.000 euros, coincidiendo con la fase final de la negociación del rescate Plus Ultra.
- Total declarado por Whathefav ante Hacienda: 0 euros, pese a facturar servicios de consultoría internacional.
- Las hijas de Zapatero fueron imputadas en junio de 2026, tras 14 meses de investigación fiscal complementaria.
Radiografía en cifras
- 2024: Año de la solicitud francesa y registro inicial del disco duro Crucial, sin resolución judicial para su análisis.
- 120 millones de euros: Monto del rescate público a Plus Ultra, aprobado en julio de 2021 y objeto central de la investigación.
- 385.000 euros: Total transferido desde Venezuela a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2022 y 2024.
- 5 meses: Tiempo transcurrido entre el registro del disco duro (noviembre 2024) y el primer auto de imputación (abril 2025).
- 14 meses: Duración de la investigación fiscal complementaria que llevó a la imputación de las hijas en junio de 2026.
- 2026: Año en que se produjeron 3 actos judiciales clave: entrada en el despacho de Zapatero (mayo), imputación (junio) y recurso de nulidad (junio).
El marco normativo: Ley de Enjuiciamiento Criminal y Convenio de Estrasburgo
La defensa de Zapatero invoca el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige resolución judicial motivada para el análisis de soportes informáticos intervenidos. También apela al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (Estrasburgo, 1959), cuyo artículo 12 exige que las pruebas obtenidas en cooperación internacional respeten las garantías procesales del país receptor.
La Fiscalía Anticorrupción no emitió resolución alguna entre noviembre de 2024 y abril de 2025, pese a que el análisis del disco duro Crucial fue clave para identificar a Zapatero como presunto coordinador del grupo. El juez Calama deberá decidir antes de 30 de julio de 2026, plazo máximo para resolver la petición de nulidad, según el auto de apertura de instrucción.
