Recientemente, el Gobierno español ha alcanzado un acuerdo entre el PSOE y Sumar que busca eximir a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de las retenciones fiscales en 2025. Sin embargo, este pacto ha dejado en el aire la devolución de una parte significativa de las retenciones, generando preocupación entre economistas y asesores fiscales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han estado en el centro de este debate. La propuesta inicial del Gobierno era mantener el umbral mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 15.876 euros, a pesar del aumento del SMI a 16.576 euros en 2025. Esta decisión fue motivada por la preocupación de que elevar el umbral podría afectar la recaudación del IRPF.
Ante la presión política, especialmente de Sumar y el PP, el Gobierno finalmente aceptó eximir a los perceptores del SMI de las retenciones fiscales, lo que implicará un coste de aproximadamente 200 millones de euros para las arcas públicas. Sin embargo, esta medida no se traduce en una mejora generalizada, ya que no se ha elevado el umbral mínimo exento de manera permanente.
El acuerdo incluye la introducción de una deducción por rendimientos del trabajo para los perceptores del SMI, con la esperanza de que puedan recuperar el dinero retenido al presentar su declaración de la renta en 2026. Sin embargo, la redacción de esta enmienda ha sido criticada por su falta de claridad, ya que solo menciona la devolución de la cuota estatal, dejando fuera la parte correspondiente a la liquidación autonómica.
Esto significa que, dependiendo de la comunidad autónoma, los trabajadores que perciben el SMI podrían terminar tributando entre 110 y 179 euros, a pesar de que la intención del Gobierno era que quedaran exentos. La falta de precisión en la redacción de la enmienda ha llevado a expertos a advertir sobre la inseguridad jurídica que esto genera, tanto para los contribuyentes como para los asesores fiscales.
Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Consejo General de Economistas (CGE) se ha manifestado la preocupación por la técnica legislativa utilizada en este acuerdo. Los expertos han señalado que la falta de claridad en la normativa puede llevar a situaciones de indefinición que afectan a todos los niveles, desde los ciudadanos hasta los profesionales tributarios.
Además, la situación se complica aún más para otros colectivos, como los desempleados y los autónomos, quienes también han experimentado cambios en las normativas fiscales que han generado confusión y preocupación. La falta de una respuesta clara y rápida por parte del Gobierno ha contribuido a un clima de incertidumbre que podría afectar la confianza en el sistema tributario español.
En resumen, aunque el acuerdo entre el PSOE y Sumar busca aliviar la carga fiscal sobre los perceptores del SMI, la falta de claridad en la redacción de la normativa y la exclusión de la devolución de la parte autonómica del impuesto han generado un panorama incierto. Los economistas advierten que es crucial que el Gobierno revise y aclare la enmienda para evitar que los trabajadores que perciben el SMI enfrenten una carga fiscal inesperada en el futuro.
