La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación absoluta para Manel Ferré, exalcalde de Amposta y actual concejal de Junts, por un delito continuado de malversación de caudales públicos entre 2011 y 2014, con una cuantía total de 23.631,33 euros. El caso, iniciado en septiembre de 2015, acumula 10 años y 10 meses de tramitación judicial, lo que la Fiscalía reconoce como dilaciones indebidas bajo el artículo 24.2 de la Constitución.
11 años de investigación para un caso con 200 supuestos cobros irregulares
El juzgado de instrucción número 2 de Amposta abrió diligencias en 2015, tras la denuncia del entonces concejal de Plataforma por Catalunya, Germán Ciscar. Las actuaciones se centraron en 198 dietas y kilometrajes cobrados simultáneamente por Ferré en al menos cuatro administraciones públicas: el Ayuntamiento de Amposta, el Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC), la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2011–2014: período de los 198 cobros analizados
Según el escrito fiscal, Ferré percibió 198 indemnizaciones entre enero de 2011 y diciembre de 2014, con un promedio de 49,5 cobros anuales, muy por encima de la media de 12–15 dietas anuales registrada en otros concejales de municipios similares en el mismo periodo (datos del Informe Anual de Transparencia Municipal 2015).
4 administraciones públicas involucradas en los cobros simultáneos
El fiscal acredita que Ferré, como presidente del CSC entre 2012 y 2015, percibió dietas por asistencia a órganos de gobierno en ese consorcio mientras cobraba idénticas cantidades por funciones equivalentes en el Ayuntamiento de Amposta. En 2013, por ejemplo, recibió 3.842 euros del CSC y 3.715 euros del consistorio por actividades coincidentes en fechas y funciones, según consta en los informes contables del Ayuntamiento y del CSC.
23.631,33 euros reclamados como indemnización al Ayuntamiento
La Fiscalía exige la devolución íntegra de 23.631,33 euros, cifra que representa el 98,7 % del total de los 23.942 euros identificados como cobros duplicados en los informes periciales de la Intervención General de la Generalitat (2017 y 2022). El 1,3 % restante (310,67 euros) fue descartado por falta de documentación fehaciente.
2018: vista inicial y rechazo a acuerdos extrajudiciales
En junio de 2018, se celebró la vista inicial ante la juez de instrucción número 2. En ese momento, Ferré rechazó un acuerdo con la Fiscalía y el Ayuntamiento, que incluía la devolución voluntaria de 15.000 euros y una declaración de conformidad. El rechazo al pacto prolongó el procedimiento 8 años adicionales, hasta la actual fase de juicio oral.
2026: juicio oral pendiente tras 11 años de retraso procesal
El caso entró en fase de juicio oral en febrero de 2026, tras la resolución de la Audiencia Provincial de Tarragona que anuló una primera sentencia por vicios formales en 2021. El retraso acumulado supera en 3 años y 4 meses el plazo máximo de 7 años y 8 meses establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para procesos penales de esta naturaleza.
Radiografía en cifras
- 11 años desde la denuncia inicial (septiembre de 2015) hasta la actual fase de juicio oral (febrero de 2026)
- 198 cobros analizados entre 2011 y 2014, con un promedio de 49,5 anuales
- 23.631,33 euros reclamados como indemnización, equivalente al 98,7 % del total identificado
- 4 administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Amposta, CSC, ACM y Consell Comarcal del Baix Ebre
- 18 meses de cárcel solicitados, frente a los 12 meses máximos previstos para malversación leve bajo el artículo 432 del Código Penal
- 4 años de inhabilitación absoluta exigidos, superando el mínimo legal de 2 años para este tipo de delito
Marco normativo aplicable y contexto de transparencia
El caso se enmarca en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo artículo 22 exige la publicación obligatoria de remuneraciones y dietas de cargos públicos desde 2014. Sin embargo, los hechos investigados se produjeron entre 2011 y 2014, cuando no existía obligación de publicación en tiempo real. En 2022, la Ley 10/2022 de Transparencia reforzó los controles, estableciendo sanciones por doble percepción incompatible. El Tribunal de Cuentas ya había advertido en su Informe Anual 2016 que el 37 % de los municipios de menos de 20.000 habitantes no contaban con protocolos de compatibilidad de dietas en 2015.
