El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará este lunes 3 quejas formales presentadas en 48 horas tras el auto del juez Juan Carlos Peinado que abrió juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. La resolución, dictada el sábado 19 de junio de 2026, impuso 4 medidas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, comparecencia periódica y prohibición de comunicación con coimputados—, desencadenando una crisis institucional sin precedentes desde 2018.
3 quejas en 48 horas: récord de reclamaciones ante el CGPJ
El CGPJ no había registrado tres reclamaciones simultáneas contra un mismo auto judicial desde el caso Púnica en 2014, cuando se presentaron 2 recursos en 72 horas. Esta vez, las tres quejas llegaron en menos de dos días: una del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; otra del abogado defensor Antonio Camacho; y una tercera, aún no pública, remitida por la Fiscalía Anticorrupción el domingo 20 de junio.
Queja del ministro del Interior: 1 escrito, 12 párrafos, 0 respuestas oficiales
Grande-Marlaska presentó su escrito el sábado 19 de junio a las 18:42, con 12 argumentos jurídicos centrados en la falta de base probatoria para vincular a agentes de seguridad del Estado con riesgo de fuga. El documento cita 3 sentencias previas del Tribunal Supremo (2021, 2023 y 2025) que exigen “indicios concretos y no meramente especulativos” para imponer medidas restrictivas. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta formal del CGPJ.
Queja del abogado defensor: 0 notificaciones oficiales en 48 horas
Antonio Camacho denunció que, 48 horas después del auto, no había recibido notificación oficial alguna. Según el artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la notificación debe producirse en máximo 24 horas tras la resolución. El abogado adjuntó 5 capturas de prensa como prueba de que la información se difundió antes que la notificación judicial.
4 delitos y 1 cátedra: el núcleo del proceso
El auto de apertura de juicio oral se basa en 4 delitos: prevaricación, tráfico de influencias, fraude y blanqueo de capitales, todos vinculados a la cátedra de Innovación Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), activa entre 2022 y 2025. Durante ese periodo, la cátedra recibió 2,3 millones de euros en fondos públicos y privados, según la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de marzo de 2026.
Radiografía en cifras
- 4 medidas cautelares impuestas el 19 de junio de 2026, frente a 0 medidas en los 3 autos previos del mismo juez sobre casos similares.
- 3 quejas formales presentadas ante el CGPJ en 48 horas, superando el récord anterior de 2 reclamaciones en 72 horas (caso Púnica, 2014).
- 2,3 millones de euros gestionados por la cátedra entre 2022 y 2025, con 1,1 millones procedentes de fondos públicos (Ministerio de Universidades y Ayuntamiento de Madrid).
- 0 notificaciones oficiales recibidas por la defensa 48 horas después del auto, incumpliendo el plazo legal de 24 horas establecido en el artículo 849 LECrim.
- 12 párrafos en el escrito de queja del ministro del Interior, citando 3 sentencias del Tribunal Supremo (2021, 2023, 2025) sobre riesgo de fuga.
- 5 capturas de medios aportadas por la defensa como prueba de difusión mediática previa a la notificación judicial.
El marco normativo: 3 leyes y 1 precedente clave
El auto se sustenta en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige “riesgo fundado de fuga” para imponer medidas cautelares. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha exigido, en su sentencia 1.247/2025, que dicho riesgo se acredite con “elementos objetivos y verificables”, no con “hipótesis no contrastadas”. El juez Peinado no incluyó en su resolución ningún informe policial, declaración testifical ni documento pericial que respalde la afirmación sobre la posible colaboración de agentes de seguridad.
Comparativa con procesos similares: 0 precedentes en 12 años
Desde 2014, el CGPJ ha examinado 17 autos con medidas cautelares contra personas vinculadas a cargos públicos. En 0 casos se había invocado la participación de cuerpos de seguridad del Estado como fundamento del riesgo de fuga. El caso más cercano fue el de la exdirectora de la Agencia Tributaria (2020), donde se impusieron 2 medidas sin mencionar a agentes de seguridad. En los últimos 5 años, el porcentaje de autos con medidas cautelares basadas en riesgo de fuga ha descendido del 38 % al 22 %, según el Informe Anual del CGPJ 2025.
El debate del lunes se celebrará en sesión presencial, con 7 vocales presentes —el quórum mínimo exigido—, y se espera que el CGPJ emita un pronunciamiento formal antes del 28 de junio de 2026, plazo máximo establecido en el Reglamento Interno del Consejo.
