El Parlamento italiano ha dado luz verde a una nueva ley de seguridad impulsada por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que ha generado un intenso debate y protestas en el país. Esta normativa, aprobada el miércoles, introduce medidas que han sido objeto de críticas por parte de la oposición y diversas organizaciones sociales. La votación final se llevó a cabo con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, tras haber sido validada previamente en la Cámara de Diputados mediante una moción de confianza, un procedimiento que permite acelerar la tramitación de leyes en el Parlamento italiano.
Durante la sesión en el Senado, senadores de partidos opositores como el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) realizaron una sentada en protesta, gritando consignas como «Vergüenza, vergüenza». Esta acción buscaba llamar la atención sobre la falta de debate sobre las enmiendas propuestas por la oposición. El presidente del Senado, Ignazio La Russa, tuvo que suspender temporalmente la sesión para dialogar con los representantes de los partidos antes de continuar con la votación.
La ley en cuestión incluye un endurecimiento de las sanciones por motines en las cárceles, ocupaciones de viviendas y acciones de desobediencia civil, como el corte de carreteras. También se introduce un nuevo tipo de delito relacionado con la ocupación arbitraria de inmuebles, permitiendo a la policía judicial ordenar la liberación inmediata de propiedades ocupadas sin necesidad de una orden judicial en casos de ocupaciones ilegales. Una de las medidas más controvertidas es la eliminación de la obligación de aplazar la pena para mujeres embarazadas y aquellas con hijos.
Giorgia Meloni defendió la aprobación de la ley, afirmando que «el refuerzo de las herramientas policiales es un paso decisivo para la protección de los ciudadanos» y que «la legalidad es el pilar de la libertad». Sin embargo, la oposición ha criticado la ley, señalando que se trata de una forma de propaganda que asocia más seguridad con más represión. Elly Schlein, secretaria del PD, expresó su desacuerdo, argumentando que el decreto no aborda adecuadamente las preocupaciones de seguridad de la población.
Además de las sanciones más severas, la ley también refuerza la protección penal de la policía, aumentando las penas por lesiones y resistencia a la autoridad. Se introduce una circunstancia agravante si los actos se cometen contra agentes de la policía judicial o de seguridad pública. También se contempla la posibilidad de equipar a los agentes con cámaras corporales para documentar su actividad operativa y se establece una ayuda financiera de hasta 10.000 euros para gastos legales de los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con su trabajo.
La ley también aborda el empleo de menores en la mendicidad y el fraude, estableciendo penas más severas para quienes cometan estos delitos. En particular, se introduce una hipótesis específica de fraude agravado contra personas mayores, con penas de dos a seis años de prisión y multas que oscilan entre 700 y 3.000 euros.
La aprobación de esta ley ha desatado una ola de protestas en Italia, con más de 10.000 personas manifestándose en Roma en contra del decreto. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Levantemos la cabeza contra el Estado del miedo» y «Meloni, vete», mientras coreaban consignas que denunciaban el giro autoritario del Gobierno. Estas manifestaciones reflejan un creciente descontento social ante las medidas que se perciben como represivas y que afectan a los derechos civiles.
La situación en Italia es un reflejo de un contexto más amplio en Europa, donde varios gobiernos están adoptando políticas de seguridad más estrictas en respuesta a preocupaciones sobre el crimen y la migración. Sin embargo, la implementación de estas políticas a menudo se enfrenta a la resistencia de la sociedad civil y de los partidos de oposición, que advierten sobre los riesgos de erosionar los derechos fundamentales en nombre de la seguridad. La ley de Meloni es un claro ejemplo de este dilema, donde la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos humanos se convierte en un tema candente en el debate político actual.
