En un acto multitudinario en Managua el 20 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció formalmente la supresión definitiva de las elecciones nacionales, eliminando cualquier posibilidad de renovación democrática en 2027. Este anuncio marca el cierre institucional de un proceso que comenzó con la revolución sandinista en 1979 y se ha transformado, en 47 años, en un régimen de poder compartido entre Ortega y su esposa Rosario Murillo.
0 elecciones previstas para 2027: el fin formal del ciclo electoral
El régimen ha eliminado toda posibilidad de competencia electoral en los próximos 12 meses. Según el discurso del 20 de julio de 2026, Ortega declaró: “¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones”. Esta afirmación no es retórica: el Parlamento nicaragüense, controlado por el Frente Sandinista desde 2017, ya aprobó en junio de 2026 una reforma constitucional que suprime el artículo 147, que garantizaba elecciones presidenciales cada cinco años. El cambio entró en vigor el 1 de julio de 2026, tras su publicación en La Gaceta.
47 años de revolución, 19 años de gobierno continuo
Ortega asumió la presidencia por tercera vez en enero de 2007, tras ganar las elecciones de noviembre de 2006 con el 38,0% de los votos. Desde entonces, ha gobernado ininterrumpidamente durante 19 años y 7 meses, superando a Fidel Castro como el mandatario más longevo de América Latina en ejercicio continuo. Su actual mandato, iniciado en enero de 2022, fue impuesto tras la detención de 7 opositores presidenciales en 2021, incluyendo a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, cuyos partidos fueron disueltos por la Corte Suprema en febrero de 2022.
300 muertos en 2018: el punto de inflexión institucional
La represión de las protestas antigubernamentales de abril a diciembre de 2018 dejó más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese año, el régimen desmanteló 1.247 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo 422 ONGs y 31 medios independientes. La Iglesia Católica perdió 14 templos confiscados entre 2018 y 2023, y la Universidad Centroamericana (UCA) fue intervenida por el Estado en 2023, tras 45 años de autonomía.
80 años de Ortega, 69 de Murillo: un binomio de poder consolidado
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 69, ejercen un control compartido sobre los tres poderes del Estado. Desde 2017, Murillo ocupa el cargo de vicepresidenta, pero su influencia real se extiende a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el Consejo Nacional de Comunicación y el Sistema Nacional de Medios Públicos. En 2025, el régimen asignó US$ 217 millones al aparato comunicacional estatal, el 37% del presupuesto total del Ejecutivo, según el Informe Anual de la Contraloría General de la República (CGR), publicado en marzo de 2026.
5 años sin oposición legal: 0 partidos registrados desde 2021
Desde la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia (2021), ningún partido opositor ha logrado su inscripción ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). En 2025, el CSE rechazó 100% de las 12 solicitudes de registro partidario, argumentando “falta de garantías de lealtad a la revolución”. En contraste, el Frente Sandinista mantuvo 100% de los 90 escaños parlamentarios tras las elecciones de 2021, en las que participaron solo 3 partidos afines al régimen, con una abstención estimada del 82,3%, según observadores independientes.
Radiografía en cifras
- 0 elecciones nacionales programadas para 2027, tras la reforma constitucional del 1 de julio de 2026.
- 19 años consecutivos de gobierno de Ortega (2007–2026), el más largo de América Latina.
- 325 muertos documentados por la CIDH en la represión de 2018.
- 1.247 organizaciones civiles disueltas entre 2018 y 2025, según la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos.
- 82,3% de abstención en las elecciones de 2021, la más alta desde la restauración democrática en 1990.
- US$ 217 millones asignados al aparato comunicacional estatal en 2025, el 37% del presupuesto presidencial.
El marco normativo: de la Constitución de 1987 a la Ley de Soberanía de 2025
La Constitución nicaragüense de 1987 establecía elecciones cada cinco años y limitaba a dos los mandatos consecutivos. En 2014, el Parlamento aprobó una reforma que eliminó los límites de reelección. En 2025, la Ley de Soberanía y Defensa de la Revolución —aprobada en febrero con 90 votos a favor y 0 en contra— declaró “ilegítimos” a todos los actores políticos que “reciban financiación extranjera o cuestionen la revolución”. Esta norma ha sido utilizada para congelar US$ 142 millones en activos bancarios de opositores y condenar a 127 personas a penas de hasta 13 años por “traición a la patria”, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), actualizado a junio de 2026.
